El cascabel al gato por Carmen Gurruchaga

El Consejo de Ministros de ayer aprobó dos anteproyectos encaminados a controlar el gasto de las comunidades y evitar así que por esa vía se le dispare el déficit público, como ha sucedido en 2011. Los distintos gobiernos autonómicos tienen facultad para decidir cómo distribuir el gasto público en sus presupuestos, pero en ningún caso podrán tener un déficit superior al 0,4% del PIB ni una deuda por encima del 60%. Muchos españoles habrían preferido que fuera el Gobierno de Rajoy quien controlara en qué gastan o dejan de gastar las autonomías para evitar la duplicidad de servicios e impedir que se derroche el dinero ofreciendo al ciudadano algo que ya tiene cubierto por otra administración. Esta propuesta será presentada por Montoro a los consejeros de Hacienda en el Consejo de Política Fiscal. Puro acto de cortesía en el que les dirá que el incumplimiento de la norma llevará acarreada una sanción. A la espera de conocer la forma de penalización, se me ocurre que el Estado podría impedir la emisión de deuda pública a la autonomía que se desvíe, ya que ésta sí es una prerrogativa de la Administración Central. Otra manera de ahorrar en las autonomías, o por lo menos algunas así lo creen, es con una gestión privada de las televisiones públicas. Con este fin, tras los dictámenes de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, los ejecutivos autonómicos podrán decidir en el marco de sus estatutos cómo gestionar los entes, teniendo en cuenta que se trata de un servicio público y que no pueden suponer un agujero por el que se detraiga el dinero que pueda ser más necesario para otras cosa. Es decir, deberá ser eficaz, eficiente y viable.