El fiscal pide los 250 millones de fianza de Márquez para su «mano derecha»

SEVILLA- Ha colaborado con la Guardia Civil, pero la juez que instruye el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, Mercedes Alaya, ha imputado a María José Rofa, ex asesora de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta, tres delitos: malversación, prevaricación y omisión del deber de perseguir delitos, todos ellos continuados.

Considerada por la magistrada «mano derecha» del ex director general de Trabajo Juan Márquez, acudió ayer a su cita en los juzgados «molesta». ¿La causa? «La juez la ha llamado en calidad de imputada y no como testigo», apuntan fuentes judiciales. De hecho, se acogió a su derecho constitucional a no declarar ante Alaya.

En una comparecencia de apenas 30 minutos, la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla le dio cuenta de los delitos que le achaca, tras lo que la ex asesora se limitó a ratificar sus extensas declaraciones ante los agentes del Instituto Armado y la documentación que les aportó.

Defendió su inocencia y manifestó su disconformidad con la imputación, ya que «nunca ha sido funcionaria de la Junta». Especificó que tenía un contrato «de duración limitada» por obras y servicios desde junio de 2008 con la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) y en la actualidad es «personal subrogado del Servicio Andaluz de Empleo (SAE)».

Redujo su actuación en el ámbito de la Consejería a tareas «administrativas». Versión que apoyó su abogado, Ignacio Rivas, quien quiso dejar claro que la ex asesora no tomaba decisiones «autónomas», sino que ha trabajado para el Gobierno regional «siguiendo instrucciones». «Constan –llegó a afirmar– las amenazas sufridas» por su cliente y «los tres accidentes de tráfico» que atribuyó a «las tensiones de trabajo» y las citadas advertencias. Eso sí, Rofa se reserva la opción de presentar alegaciones «por escrito» en el futuro, en virtud de lo que relaten en sus respectivas comparecencias los imputados que restan por cumplir con la juez.

Durante su turno, la Fiscalía Anticorrupción solicitó para Rofa una fianza de 205 millones de euros por responsabilidad civil, la misma que pidió para Márquez.

El Ejecutivo andaluz, personado en la causa como acusación, reclamó casi 2,5 millones por la inclusión en el ERE de Calderinox de dos «intrusos» –personas que nunca han trabajado en las empresas beneficiarias del dinero público–: el ex delegado de Trabajo y Asuntos Sociales en Sevilla, Juan Rodríguez Cordobés, y el sindicalista Antonio Fernández Garzón. Además de la prestación de «garantía suficiente» por importe de más de 1,6 millones por pagos a las empresas Virgen del Espino y Pack Sur. En cuanto al resto de las partes, ni PP ni UGT ni el sindicato Manos Limpias pidieron medidas cautelares. Por último, el abogado de dos de los imputados en el caso, Juan Carlos Alférez, tomó la palabra para mostrar su rechazo a la imposición de fianzas para aquellos encausados que recibían órdenes «en la ejecución de un procedimiento administrativo, no creado por ellos», sino «diseñado por las más altas instancias» de la Junta. Preguntadas por la gravedad de la acusación contra Rofa pese a su colaboración con la Justicia, cabe recordar que incluso aportó un manuscrito a la Guardia Civil, fuentes jurídicas recuerdan a LA RAZÓN un auto de Alaya: el fechado el 12 de junio, en el que consta que ésta «termina trabajando con las mismas herramientas» de cuya ilegalidad había avisado a sus jefes.