El «plan de rescate» financiero de los municipios costará 156 millones

La pésima situación financiera de los ayuntamientos, unida a su afán por seguir con la prestación de servicios a los que ya están habituados sus vecinos, ha obligado a las corporaciones locales a adoptar medidas de urgencia que garanticen su viabilidad como ente administrativo a la espera de que la crisis amaine. Ni siquiera la participación creciente de los entes municipales en los tributos de la Junta de Andalucía convence a los alcaldes.

En la provincia de Sevilla, donde la construcción llegó a representar el 12 por ciento del PIB, la caída de los ingresos ha sacudido las finanzas municipales. No hay dinero para celebraciones, pero también se teme por las nóminas de los empleados públicos y por el sufragio con cargo a las arcas locales de las inversiones y otros servicios esenciales para la comunidad.

Las soluciones de urgencia para preservar la viabilidad de los ayuntamientos de la provincia han sido diseñadas e implementadas por el Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (Opaef). Este «socorro financiero», como lo ha definido más de un edil, adquiere distintas modalidades. Para dimensionar la crisis de los ayuntamientos, basta con concretar el importe de los anticipos a cuenta que el Opaef otorgará a los consistorios durante todo el presente año.

El Opaef adelantará 156 millones de euros a los ayuntamientos para que puedan sufragar servicios municipales y se puedan pagar las nóminas del personal. Este dinero, según fuentes del organismo, se ofrece como adelanto por la recaudación prevista de los impuestos y tributos en los ayuntamientos beneficiados. Es decir, el Opaef anticipa un dinero que prevé recuperar cuando los vecinos paguen impuestos como el IBI o el de vehículos. La jugada es buena para los ayuntamientos, al borde de la asfixia económica, principalmente porque se ofrece sin intereses y porque así obtienen una corriente monetaria con la que hacer frente a las demandas laborales y a la presión de los sindicatos.

La práctica totalidad de las operaciones de tesorería de los ayuntamientos tienen como finalista o intermediaria a la Diputación, según han señalado los concejales consultados en municipios como Camas, La Algaba, Castilleja de Guzmán o Palomares del Río. El dinero se utiliza para pagos de personal, aunque también se emplea para atajar los retrasos en los pagos a proveedores. «Los ayuntamientos ya no pagan a 90 días, ni tan siquiera a 180», recalcan las propias instituciones municipales.

Además, el Opaef posee un fondo extraordinario dotado con cinco millones de euros para verdaderas situaciones de emergencia financiera. Los ayuntamientos sevillanos obtienen el dinero y lo pueden devolver en 40 meses sin intereses.