El Supremo confirma la ilegalidad del «multazo»

Madrid- La Justicia ha vuelto a dar la razón a los conductores que denunciaron como «abusiva» la ordenanza municipal por la que el Ayuntamiento de Madrid incrementó, entre los años 2005 y 2009, el importe de las multas de tráfico en un 50 por ciento. En una sentencia con fecha de 6 de enero, el Tribunal Supremo avala la ilegalidad del «multazo» que «vulneró el principio de jerarquía normativa y el de proporcionalidad», según el TSJM, porque fue el entonces edil responsable, Pedro Calvo, y no el Pleno dirigido por el ex alcalde Alberto Ruiz-Gallardón el que aprobó en solitario una nueva ordenanza de sanciones que convertía en importes únicos la cuantía de unas sanciones que hasta el momento habían sido graduables.
Fuentes del área de Movilidad aseguraron ayer que el fallo del Supremo «tendrá un coste cero» para el Ayuntamiento puesto que «la sentencia anterior ya se acató». El 24 de noviembre 2009 entró en vigor la Ley de Seguridad Vial, que fija el importe de las multaspara todas las administraciones y que, como consecuencia, anulaba la ordenanza del consistorio madrileño. En su sentencia, el TSJM concluyó que la ordenanza infringía el principio de jerarquía normativa «pues establece una cuantía fija para cada tipo de infracción sin tener en cuenta que la ley establece un margen o recorrido de la sanción».

Fuera de plazo
Ahora, explicó un portavoz del área que dirige Antonio De Guindos, sólo podrían solicitar el importe de sus sanciones «aquellos conductores que hubieran recurrido sus multas en base a la sentencia del TSJM». Sin embargo, la empresa Dvuelta, que fue precisamente quien denunció el «multazo» de Gallardón, cifró ayer en 600 millones de euros el importe de las sanciones que el consistorio ha cobrado «de manera ilegal y abusiva» a los conductores de la capital y recomendó solicitar al Ejecutivo municipal la devolución de los importes indebidamente cobrados a través de la solicitud de revisión de oficio de los expedientes que hayan finalizado la vía administrativa.
Desde Automovilistas Europeos Asociados (AEA) opinaron, sin embargo, que en las multas que el consistorio madrileño ya haya ejecutado y recaudado sólo cabría recurso por responsabilidad patrimonial por el daño ejercido sobre los conductores, aunque su presidente, Mario Arnaldo, aseguró que la «sentencia ha hecho manifiesto una vez más el poco respeto que el Ayuntamiento de Madrid tiene por la Ley». Asimismo, recordó que «el que pagó, consintió» y que ahora las multas abonadas son irrecurribles.