El PP pide que Griñán y Chaves dimitan al creer probado que conocían los ERE

SEVILLA- «Ha quedado probado que durante los años que analiza esta comisión de investigación desde el seno del Gobierno andaluz se articuló un instrumento ilegal, arbitrario y opaco de ayudas del que se han derivado numerosas ilegalidades y un menoscabo de fondos públicos evidente» y que «esto –las irregularidades detectadas en torno a los expedientes de regulación de empleo (ERE) gestionados por la Junta entre 2001 y 2001– no era cosa de tres o cuatro golfos». Son dos de los 42 puntos que componen el avance de las conclusiones que el PP-A presentará mañana en la comisión parlamentaria que investiga la «trama».

Para los populares ha quedado demostrado, entre otras cuestiones, que «la arbitrariedad de la decisión política, y no la discrecionalidad, fue la clave del reparto de fondos públicos durante 10 años». Una «singular manera de otorgar dinero» que amparó un «cúmulo de ilegalidades de todo tipo», exponen en su texto de deducciones. Enumeran esas irregularidades, entre ellas: las ayudas sin convenio, los pagos cruzados y abonos para fines distintos a los fijados, las empresas pantalla detectadas por la Guardia Civil, el pago de comisiones o los 126 «intrusos» –personas que nunca trabajaron en las empresas beneficiadas y que habrían recibido 12,3 millones–. En relación a estos últimos, aseguran que la mayoría «están vinculados al PSOE y que responden a compromisos de partido o al círculo familiar y de amistades de los gestores del programa 31L –‘fondo de reptiles'–».

Tras poner de relieve aspectos como que el Gobierno andaluz «obvió» la normativa sobre ayudas públicas que estaba en vigor, el PP señala en su documentación a los «principales responsables políticos», por su «activa» participación «en la concesión y gestión de los fondos». Los ubica en las consejerías de Empleo –ligada al ente pagador IFA–, Innovación –y su ente instrumental Agencia IDEA–, Hacienda y Presidencia.

Nombran en concreto a José Antonio Griñán, Manuel Chaves, Gaspar Zarrías y a los consejeros Carmen Martínez Aguayo y Antonio Ávila. A ellos se suman otros 11 ex cargos de la Administración autonómica: los ex titulares de Empleo José Antonio Viera, Antonio Fernández y Manuel Recio; los ex viceconsejeros de ese área Agustín Barberá y Justo Mañas; los ex directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Rivera; los ex consejeros de Innovación Francisco Vallejo y Martín Soler y la ex titular de Economía Magdalena Álvarez. De todos los que ocupan cargos piden su dimisión y el portavoz parlamentario popular, Carlos Rojas, avisa: su grupo «estará en contra de cualquier conclusión que no incluya a Chaves y a Griñán», al estimar «probado» que «conocían el fraude». Marcada la posición se augura polémica, dado que el PSOE ya deslizó que limitará las responsabilidades a la Dirección de Empleo, al entender que ése es el «kilómetro cero» del que partieron los expedientes. El propio Griñán mantuvo en La Sexta que la Intervención, «que no estaba excluida» pues «fiscalizaba previamente las transferencias de financiación para el pago y luego hacía auditorías permanentes», nunca «detectó menoscabo de fondos públicos». Y añadió sobre la Cámara de Cuentas: «Ha dicho que el sistema era legal y un uso inadecuado de los recursos produjo lo que produjo».