Cristóbal Montoro: «Bruselas aceptará el déficit del 58%»

En sus manos está acabar con la sangría financiera que supone todos los años gastar más de lo que se ingresa. El Estado, las comunidades autónomas y las corporaciones locales. Y es que el déficit, junto con el paro, es talón de Aquiles de nuestra economía. El presidente del Gobierno le ha dado la orden tajante para que al final de la legislatura, incluso antes si es posible, ninguna administración pública gaste más de lo que sea capaz de ingresar.

–En estos días se han manejado cifras de ajuste del gasto público inabarcables. De hasta 44.000 millones de euros en total. ¿Cómo es posible que al final baste sólo con otros 15.000 millones de euros?
 –Este Gobierno, nada más llegar, ya tuvo que plantear un enorme esfuerzo de reducción de gasto, y se va a seguir haciendo. España va a tener el Presupuesto creíble que requiere la actual situación económica. Con respecto al año anterior habrá una reducción de casi el 5% en el límite de gasto, que se incrementará hasta el 12,5% en el conjunto de los ministerios. Vamos a reducir el déficit en casi tres puntos, en un contexto de contracción de la economía. Y eso tiene enorme valor. Es verdad que en estas semanas se había asentado la idea de que estaba en juego un recorte completamente inalcanzable, pero todo es mucho más complicado que unas cifras que se han vulgarizado sin considerar seriamente que detrás de ellas hay un serio coste en el nivel de bienestar, en el empleo.

–¿No habrá más subidas de impuestos, pase lo que pase?
–Desgraciadamente, ya los hemos subido, y ya nos gustaría no tener que haberlo hecho. Pero al llegar al Gobierno nos encontramos tal agujero que no nos quedó otro remedio. Nuestra responsabilidad como Gobierno de España era responder a la situación y así lo hicimos. ¿Para qué sirve subir el IVA si es un impuesto profundamente inequitativo y está cayendo el consumo? Les aseguro que no está en nuestros planes incrementarlo. Nosotros hemos optado por el camino que menos perjudica a las clases medias y bajas. La subida del IRPF es temporal porque seguimos creyendo que incrementar los impuestos no ayuda a la recuperación económica.

–¿Está hoy en condiciones de garantizar que el Gobierno del PP los bajará en 2014?
–Para eso trabajamos. Ahora toca hacer un esfuerzo, pero con un objetivo en el tiempo. El futuro está cerca y no estamos hablando de una década, sino de un horizonte mucho más próximo. La situación nos obliga a hacer un esfuerzo por cambiar, algo que, por cierto, parece que no todo el mundo acepta, porque la izquierda quiere que todo siga siempre igual de mal. Curiosamente, la izquierda es conservadora, quiere mantener lo malo. Y luego, encima, se echa a la calle para protestar contra los supuestos recortes. ¿Pero quién ha notado de verdad esa pérdida de calidad en la educación, por ejemplo? ¿Que en algunas comunidades autónomas se trabaje una hora y media más a la semana es determinante de la calidad de la enseñanza? Pueden decir lo que quieran, pero eso es lo único que ha cambiado.

–¿Está diciendo que las protestas en la calle se justifican en mentiras?
–El Gobierno tiene que exigir un esfuerzo colectivo a la sociedad por responsabilidad, y estamos exigiendo más a los que más tienen y menos a los que dependen directamente de los derechos sociales. Ésa es la auténtica verdad.

–Volviendo a los impuestos, entenderá que resulte muy llamativa su negación de nuevas subidas cuando la mayoría de los informes de organismos e institutos económicos dicen que serán inevitables por la recesión, la caída de los ingresos...
–La subida de impuestos es perjudicial, y más en esta situación económica. No vamos a tocar ninguna de las grandes columnas: IRPF, Sociedades, IVA y cotizaciones sociales.

–¿Qué garantía tiene el Gobierno de que Bruselas aceptará un déficit del 5,8% frente al 4,4% comprometido en el Pacto de Estabilidad?
–Ya habíamos adelantado que el déficit no sería del 4,4%. Pese a no alcanzar esa cifra hay un esfuerzo enorme de reducción del déficit. Las reglas europeas no dicen lo que algunos creen que dicen. Las reglas europeas defienden una reducción del déficit estructural, compromiso que este Gobierno va a cumplir en 2012. Nosotros estamos convencidos de que la estabilidad presupuestaria es buena y necesaria, y vamos a trabajar por ella. Pero ese compromiso no puede impedir que se constate que el escenario económico ha cambiado notablemente. Estamos seguros de que nuestros socios entenderán este esfuerzo que, además, va acompañado de nuevas reformas.

–¿Bruselas asumirá, por tanto, ese déficit del 5,8% sin plantear ninguna objeción?
–Si me constara que fuera a haber un problema no aplicaríamos esta política. En abril presentaremos el programa de estabilidad, con las cifras y con nuestros compromisos en reformas. Y eso es lo que analizará Bruselas. Aunque hablamos de Bruselas como si fuera un ente abstracto, tiene capacidad de reflexionar y de valorar qué exigencias son aceptables y cuáles se han vuelto imposibles de cumplir. Entiendo el celo de Bruselas porque tiene que lidiar con un gran número de países incumplidores, pero por nosotros no tiene por qué preocuparse: estamos convencidos de ajustarnos a la estabilidad. Creemos en ella y sabemos que no hay atajos. El camino no es fácil, pero merece la pena porque ya lo recorrimos una vez, en el 96, y el resultado fue muy positivo.

–Una vez que ya hay una cifra oficial del déficit incurrido por las administraciones públicas en 2011, ese 8,5%, ¿cree que el PSOE les mintió?
–El PSOE ocultó el dato, se obcecó.

–¿Por qué las comunidades que gobierna el PP no han hecho sus deberes?
–¿Han cumplido las otras?

–La pregunta es sobre las gobernadas por su partido.
–Un país necesita un Gobierno, alguien que dirija la orquesta. Y en la pasada legislatura, en España no hubo director de orquesta. Basta únicamente con recordar lo que representó el último modelo de financiación autonómica, el de finales de 2009, para qué ha servido y en qué se ha cumplido. Para cumplir con el déficit hay que hacer reformas y hay que dirigir la orquesta: eso es lo que está haciendo este Gobierno.

–¿Cómo es posible que en la grave situación económica por la que atraviesa el país pongan en marcha en tan pocas semanas un plan para pagar a proveedores deudas de las administraciones públicas por 35.000 millones de euros?
–Un país serio que quiere ganar confianza no puede permitir que las administraciones tengan esta deuda embalsada y estén perjudicando a tantos trabajadores autónomos, pymes y grandes empresas. Eso pone en riesgo hasta el Estado del Bienestar. Se trata de un acto de justicia que podemos hacer, porque si el Estado ha ganado margen para financiarse está en condiciones de hacer esta gran operación que da liquidez a prácticamente el conjunto de nuestras empresas cuando más lo necesitan. Esta operación puede actuar de motor de arranque para muchas empresas. Y también es una operación de saneamiento de las cuentas públicas.

–¿En qué partidas de los Presupuestos sigue habiendo margen para hacer más recortes?
–Eso es lo que vamos a estudiar a partir de ahora.

–Pero con qué líneas rojas, si es que las hay. ¿O recortarán de todas las partidas?
–Las líneas rojas las marcó el presidente del Gobierno al comienzo de la legislatura. Él se comprometió con la sociedad española a no perjudicar a los pensionistas y a que nadie perdiera derechos sociales adquiridos. En la izquierda se empeñan en presentar las cosas como no son. Hablan de recortes que ni se están produciendo ni están teniendo las consecuencias que ellos dicen. ¿Hay que ahorrar? Sí, no queda más remedio. Pero lo estamos haciendo buscando salvar los derechos sociales. Que en la función pública se trabaje más no hace que haya una peor Educación ni una peor Sanidad. Hemos aprobado recientemente una reforma laboral dirigida a modernizar la negociación colectiva para crear más empleo, especialmente para los jóvenes. Y estamos introduciendo las nuevas tecnologías en la Administración para facilitar un servicio público más accesible y menos costoso.

–En estos Presupuestos no habrá para inversiones, ¿verdad?
–No hay margen para hacer inversión pública de carácter tradicional. Pero sí estamos consolidando otras fórmulas a través de inversión público-privada.

–¿En el nuevo ajuste los funcionarios se quedarán como están?
–Sí. No vamos a bajarles el sueldo.

–Volvamos a las autonomías ¿Por qué las comunidades van a cumplir ahora cuando no lo hicieron en el pasado ejercicio? ¿Cómo las va a obligar?
–La Ley de Estabilidad entrará en vigor en mayo porque se tramitará con urgencia, y es la gran herramienta para garantizar que todas las administraciones cumplirán. Estará en vigor antes de que las comunidades hagan su Presupuesto para 2013. Coincidirá con el inicio de los pagos del nuevo plan de apoyo a los proveedores.

–¿Quiere eso decir que si no revisan sus Presupuestos y no cumplen con el déficit, el Gobierno las sancionará?
–Bueno, el Estado es el primero que tiene que cumplir, no como antes. No se trata de que seamos el vigilante de la playa, sino de que seamos un bañista más, que también se mete en el agua, pero que, al mismo tiempo, tiene la responsabilidad de vigilar a los demás. Y hay que hacerlo, porque eso es lo que nos exige Bruselas para que estemos en el euro.

–Entenderá que es difícil de creer que a las comunidades se las vaya a obligar a ajustarse, y mucho, el cinturón, cuando hasta ahora lo que se han aprobado son inyecciones de dinero, bajo una fórmula u otra, para taparles sus vergüenzas e impedir que algunas, como Valencia, quiebren.
–El Gobierno está ejecutando las políticas posibles para poder cumplir con el déficit. Dentro de la soberanía que tienen las comunidades autónomas, disponen de un margen para adoptar sus decisiones sobre los recursos disponibles. Pero deben hacerlo dentro de la disciplina. Lo que ha ocurrido durante estos años pasados no puede volver a repetirse. El discurso del anterior Gobierno era el de que cada palo aguante su vela. Pero nosotros no creemos en eso. Este Gobierno cree que todos vamos en el mismo barco, que todos somos Estado, y que para mantenerse a flote hace falta el concierto de todos.

–¿Pero si hay más comunidades autónomas con problemas, volverán a intervenir para evitar que caigan?
–La Constitución es muy clara al respecto. El Gobierno de España tiene una responsabilidad y va a ejercerla. No hacerlo ya hemos visto a dónde nos lleva… Se elaboraban decretos-leyes, se elevaba el techo de gasto, y se miraba para otro lado en lugar de asumir que no se estaban reduciendo los niveles de gasto, como era imprescindible; que se estaba aumentando el volumen de deuda comercial. Claro que hay que evitar que las comunidades entren en riesgo de «default», pero este Estado autonómico no puede comportarse de manera libre porque el problema de una de sus partes afecta al conjunto.

–Los presidentes autonómicos,Artur Mas, y también los del PP, piden una reforma de la financiación para recibir más dinero.
–Pues ya me contarán… La financiación es un reparto y para dar más a uno tengo que quitárselo a otro. ¿Me puede decir alguien a quien le sobra? El Gobierno de España tiene la responsabilidad de decir que éste no es el momento de hablar de financiación y sí de plantear nuevos ajustes en el gasto.

–¿Y qué solución darán a los grandes capítulos del gasto, Sanidad o Educación? Son sus propios «barones» los que dicen que ya no hay dinero en la caja y que el actual sistema es insostenible si no se hacen reformas en su financiación.
–Hay que ir a una nueva definición de los servicios públicos. A un modelo de centrales de compra y hay que cambiar de raíz la gestión que se ha hecho hasta ahora.

–¿Puede dar más detalles de en qué consistirá esa «nueva definición de los servicios públicos»?
–En España hay varios agujeros de proveedores, el de la Sanidad, el de la construcción, la limpieza, la protección social… Y cuando hay deuda comercial es que no hay Presupuesto para cubrir esas partidas de gasto. Esto obliga a redefinirlo todo para ver qué es de verdad factible.

–Por centrarnos en la Sanidad. Son muchas las voces autonómicas que dicen que el actual modelo no es viable. ¿La revisión llevará al copago necesariamente?
–¿Pero por qué dicen que la Sanidad no es sostenible? Su financiación no depende de un impuesto finalista. Genera un gasto creciente que habrá que analizar, mejorar la eficacia de su gestión…

–¿Se acabó el gratis total para muchas prestaciones?
–El gratis total no existe; todo lo pagamos con los impuestos.

–Pero esos impuestos garantizaban, hasta ahora, que hubiera prestaciones gratuitas para todos los ciudadanos. ¿Eso puede mantenerse?
–Creo que ha habido excesos en la oferta política. En una crisis como ésta hay que garantizar unos servicios públicos básicos para aquella población que depende de ellos por sus recursos, y hay también que renunciar a ofrecer a los ciudadanos aquello que no se les puede dar ni subiendo los impuestos.

-Parece más gallego que Rajoy… ¿Quiere eso decir que revisarán la financiación de los servicios públicos?
-En los servicios públicos no cabe todo ni todos. No son para todos ni son tampoco un derecho garantizado de por vida.

–¿Cuándo habrá incentivos a las pymes y autónomos, como prometieron?
–Pronto. Estamos trabajando en ello. En cuestión de semanas.

El peligro de la Seguridad Social
–¿Le preocupa la situación de la Seguridad Social?
–Mucho. Urge volver a crear empleo. Hacen falta más cotizantes, más autónomos para dar seguridad al sistema de pensiones. Pero también caben reformas que iremos adoptando en la legislatura.

–¿En crisis, siempre queda el recurso de privatizar?
–El problema del Estado no se arregla vendiendo unos edificios, por ejemplo. Hoy no podemos hacer un proceso similar al que hicimos hace años porque no tenemos empresas en sectores estratégicos: tenemos activos que podemos seguir abriendo a la inversión privada, pero no es lo mismo. Y tenemos claro que no es el momento de intentar hacer caja.

EN PRIMERA PERSONA
Nació en Jaén en 1950. Cristóbal Montoro siempre mostró gran interés por los números, y por la economía en particular. Prueba de ello es que es doctor en Ciencias Económicas y catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Cantabria. Su vida siempre ha girado en torno a la economía y al servicio público. En las quinielas de «ministrables» tras el triunfo del PP su nombre era una apuesta segura. Su partido y los dos presidentes del Gobierno populares lo han considerado su hombre de confianza y le pusieron al frente de Hacienda. El actual presidente confió en él incluso en los años en los que estuvo en la oposición. Así, en 2008 fue designado portavoz de Economía del Grupo Popular en el Congreso y más tarde coordinador de este mismo área del PP.