Deuda autonómica sin control: de 56849 a 115455 millones

La ausencia de controles, como la supresión en 2006 del techo de gasto, ha contribuido de manera decisiva a este panorama poco halagüeño para la economía española y para conseguir alejar a nuestro país del punto de mira de los especuladores. De hecho, en los últimos seis años la deuda del conjunto de las autonomías se multiplicó por dos, al pasar de 56.849 en 2005 a 115.455 millones de euros en 2010. Cataluña, bajo los gobiernos de Pasqual Maragall y José Montilla, fue la región que más incrementó su deuda en valores absolutos, al aumentarla en 18.094 millones de euros.

Sin embargo, Castilla-La Mancha fue la autonomía en la que más creció en términos relativos en esos seis años, al subir el 330,7%. Mientras, Madrid se situó a la cabeza de los menores crecimientos experimentados de 2005 a 2010, con un alza modesta respecto al resto del 33,6%. En este escenario, nadie duda de que las comunidades se han convertido en el auténtico talón de Aquiles de las finanzas públicas españolas, tal y como advierten recurrentemente organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional.

Pese a esta evolución sin control de la deuda, el Gabinete de Zapatero rechaza con contundencia fijar por ley un techo de gasto anual para las autonomías, como estableció José María Aznar en 2001 en la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Incluso el Ejecutivo parece haber pasado página definitivamente al compromiso adquirido por José Luis Rodríguez Zapatero en febrero pasado con Angela Merkel durante su visita a Madrid de limitar por ley el déficit y la deuda de las comunidades. Mariano Rajoy, por su parte, promete recuperar controles de las finanzas regionales, como el establecimiento por ley de un máximo de gasto de las autonomías.

Mientras, fuentes gubernamentales no descartan convocar un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) monográfico sobre la situación de las cuentas autonómicas. De esta manera, el Ejecutivo no cierra la puerta a atender la propuesta de Rajoy de realizar, a corazón abierto, una radiografía de sus finanzas. No obstante, el Gobierno recuerda que ya estaba previsto que el Consejo, órgano donde están presentes los gobiernos central y regionales, se reuniese antes de las vacaciones estivales, una vez se constituyan los nuevos Ejecutivos autonómicos. De hecho, la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, se apresuró ayer a anunciar su convocatoria para finales de julio.

Salgado aprovechó ayer la ocasión para advertir de que «no beneficia al objetivo común de la recuperación económica» introducir la más «mínima sombra de duda sobre las finanzas autonómicas». Salgado negó que convocara el Consejo de Política Fiscal y Financiera a raíz de la petición de los populares, que desde las elecciones del pasado 22 de mayo gobiernan en la mayoría de las comunidades españolas.