La UE encarrila la mayor reforma económica

El acuerdo político anunciado el lunes en el seno del grupo especial que ha presidido desde mayo Herman van Rompuy conducirá a un fortalecimiento inédito de la disciplina presupuestaria y a la introducción, por primera vez, de una verdadera vigilancia macroeconómica multilateral.

Se trata de evitar, so pena de fuertes sanciones políticas y financieras, que se repitan derivas presupuestarias como la de Grecia o perniciosas burbujas inmobiliarias como las que han disparado el déficit en España e Irlanda.

"La crisis ha demostrado, y de qué manera, lo profunda que es la integración entre los participantes en el euro y en el mercado interior", resumía Van Rompuy tras las últimas negociaciones del lunes en Luxemburgo.

"Cada uno se ha dado cuenta de que las decisiones de un estado pueden afectarnos a todos", concluyó el presidente del Consejo Europeo.

Las propuestas de este grupo 'ad hoc', constituido en esencia por los ministros de Finanzas de la UE, serán presentadas el próximo jueves por el propio presidente del Consejo Europeo a los veintisiete jefes de Estado o Gobierno en la cumbre de otoño que celebrarán en Bruselas.

Tras ese espaldarazo político al máximo nivel, las instituciones comunitarias -Comisión, Consejo de ministros y Parlamento Europeo- se afanarán en traducir rápidamente el consenso en textos legislativos precisos, con el objetivo de que las primeras innovaciones, tales como el llamado "semestre europeo", puedan entrar en vigor en primavera de 2011.

Según han confirmado hoy fuentes europeas, el grupo ha dejado además abierta la vía a una reforma del Tratado de Lisboa que lleve aún más lejos los cambios en lo que respecta al repertorio de sanciones y a la creación de un mecanismo permanente de rescate o "gestión de crisis"de la deuda soberana.

"Cambiar los tratados no es algo sencillo; requiere la unanimidad", advertía hoy un diplomático comunitario.

Aunque la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Nicolas Sarkozy, anunciaran el lunes que están de acuerdo en la vía de la revisión constitucional, "no todos los países se han pronunciado al respeto", prevenía la fuente.

La perspectiva de una reforma ulterior de los tratados será, sin duda, una de las cuestiones polémicas de la próxima cumbre europea de los días 28 y 29 de octubre.

Van Rompuy destacaba en Luxemburgo la novedad absoluta que supone la creación de un mecanismo de vigilancia macroeconómica.

Durante la primera década del euro, los gobiernos y las instituciones europeas han descuidado la detección y control de los riesgos ligados a la aparición de burbujas inmobiliarias, a los desequilibrios persistentes en la balanza de pagos o a las divergencias pronunciadas de competitividad.

A partir de 2011, la Comisión Europea analizará anualmente, país por país, el comportamiento de una serie de indicadores macroeconómicos.

En un primer momento la UE prevé sanciones sólo "políticas"contra el gobierno que no ponga remedio, por ejemplo, a una pérdida crónica de competitividad de su economía.

Bruselas organizaría "visitas de inspección"al país, haría públicos sus informes críticos y, si es preciso, elevaría el problema al Consejo Europeo, para que todos los líderes opinaran.

"Creemos que en la mayoría de los casos estos golpes a la reputación de un gobierno bastarán", comentaba el diplomático.

No obstante, si el gobierno amonestado desoyera las recomendaciones de sus socios, se le impondrían sanciones financieras.

La otra gran novedad acordada por el grupo tiene que ver con el endurecimiento del llamado Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), que fija las reglas de disciplina presupuestaria.

Por primera vez, un estado de la Eurozona podrá ser sancionado antes incluso de incurrir en un déficit público excesivo, es decir, aunque no supere el 3% de su PIB.

Además, el nivel de la deuda pública, prácticamente ignorado hasta ahora dentro del PEC, podrá ser desencadenante de un procedimiento por déficit excesivo, si no se reduce a un ritmo adecuado, aunque el déficit público se mantenga por debajo del 3%.

El sistema de sanciones previsto introduce un mayor automatismo en la decisión, aunque no deja a la Comisión la última palabra.

Este órgano ejecutivo de la UE será el encargado de "recomendar"la sanción, que será aplicada inmediatamente a menos que el Consejo de ministros se oponga por una mayoría cualificada (esto es, dos tercios de los votos ponderados).