Impuesto revolucionario por Lorenzo Nebreda

La delincuencia ejercida en España por grupos criminales de origen chino tiene una estrecha relación con el porcentaje de inmigrantes ilegales de esta nacionalidad que residen en nuestro país. Y es que históricamente se ha considerado que la cifra de ciudadanos chinos ilegales ha sido siempre superior a la de aquellos que residen legalmente. Ese factor ha constituido, en no pocas ocasiones, un elemento empleado por los propios delincuentes para someter a sus compatriotas, extorsionándoles para que cometan delitos o colaboren con ellos. Los primeros datos relevantes de la delincuencia china en España se detectaron a mediados de la década de los 90 en los principales núcleos urbanos, donde tiene mayor presencia la colonia china. Es un rasgo típico de esta delincuencia el que los autores y las víctimas sean de la misma nacionalidad, prefiriendo estos últimos guardar silencio antes que poner los hechos en conocimiento de la Policía.

Las tres principales actividades que desarrollan las redes criminales chinas son la inmigración ilegal (especialmente para la explotación laboral), la falsificación de documentos y lo que podríamos denominar como criminalidad violenta, es decir, extorsiones, secuestros o asesinatos. En el primer caso, el ejemplo más evidente suele ser el desmantelamiento de talleres clandestinos en los que ciudadanos chinos trabajan explotados y hacinados para poder devolver el teórico coste del viaje que les trajo a nuestro país. Las falsedades documentales están íntimamente relacionadas con estos delitos. En cuanto a otras infracciones penales graves, se trata de una versión china del «impuesto revolucionario» que suele afectar a empresarios, principalmente del sector de la hostelería. Les piden un porcentaje de los beneficios del negocio y, en caso de negativa o retraso en los pagos, suelen atacar los locales o secuestrar a miembros de la familia del propietario. La cifra real, en este ámbito, siempre es mayor de la que se denuncia. El Cuerpo Nacional de Policía combate estos delitos desde la Comisaría General de Policía Judicial, con su Brigada Central de Crimen Organizado.

Lorenzo Nebreda
Vicesecretario General de la CEP