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Falta la guinda

Leía hace meses en un periódico extranjero que España ha perdido dos legislaturas: la actual y casi la anterior. Va de suyo que se refería a la crisis económica y a que no se han acometido lo que se llaman «reformas estructurales». Con esa idea –que se ha repetido entre nosotros hasta la saciedad– lo que se transmite son dos cosas: que se ha perdido el tiempo en vez de preparar el buque para el temporal y que en estos años se ha dilapidado una economía saneada. Con sus matices, es la fábula de la cigarra y la hormiga.

Sin embargo, discrepo de esa apreciación. La rentabilidad de una Legislatura –de una y media para ser más exactos–, del hacer político, se puede medir de muchas formas y, desde luego, la crisis que padecemos demuestra que si nos hubiésemos preparado, probablemente el temporal no sería tan trágico. Ahora bien, todo depende de las prioridades y si lo que prima es ante todo satisfacer objetivos ideológicos, desde luego que esta legislatura y media no se ha desaprovechado: ha sido fructífera. Obviamente, desde el punto de vista de unos postulados ideológicos que, personalmente, aborrezco.

Los frutos están ahí y me temo que nos acompañarán durante mucho tiempo. Pienso, por ejemplo, en lo que significa haber inoculado en dosis masivas la ideología de género, sobre todo llevándola al BOE. Está presente en la ley de violencia sobre la mujer, en la ley del «matrimonio homosexual», en la ley de igualdad, en la ley del aborto o en lo relativo a la transexualidad. Pienso en el significado y alcance del «divorcio exprés», en la adopción de menores por parejas homosexuales, en la ley de investigación biomédica que nos ha traído la clonación, la selección genética, los «niños medicamento».Y pienso en la llave de cierre: la Educación para la Ciudadanía, instrumento pensado para que esos «avances sociales» sean de obligado contenido educativo para nuestros hijos.

Se habrá perdido el tiempo y dilapidado una economía saneada, se habrá esfumado el bienestar –que no es poco–, pero para los ideólogos de esa nueva sociedad el balance es más que positivo. Y esto no es idea mía. Recuérdese que Peces-Barba sostuvo aquello de que la Educación para la Ciudadanía justificaba toda una Legislatura. Por tanto, no hay tanta improvisación ni tanta frivolidad porque se sabía y se sabe muy bien lo que se quiere. No entro en otros temas como el «subidón» totalitario de la izquierda a costa del Tribunal Supremo o de la Constitución, como tampoco en la mutación del Estado constitucional de la mano del Estatuto de Cataluña. Al margen de cómo acabemos, si añadimos ya estos datos cobra cuerpo la idea de una Legislatura y media también muy bien aprovechada por el radicalismo.

Pero queda la ley de libertad religiosa. Es la guinda de estas legislaturas radicales. Ya le llegará el turno de la eutanasia; de momento Andalucía con su ley de muerte digna ha hecho una anotación preventiva en el registro de iniciativas ideológico-radicales: se invocará de precedente. Lo que sí toca, repito, es la ley de libertad religiosa, y tampoco invento nada. El presidente del Gobierno, en el debate sobre el Estado de la Nación del pasado año, señaló que junto a la del aborto, esa ley es uno de sus proyectos emblemáticos para esta legislatura. Por lo tanto, me arriesgo a hacer un vaticinio: esta Legislatura acabará cuando la ley de libertad religiosa se promulgue porque la ideología es la ideología, la nueva sociedad es la nueva sociedad. No se sabe si se perderán las elecciones ni, en su caso, cuándo se volverá a gobernar, de manera que hay que apurar y ultimar unos avances que la derecha –ésa es otra– no tocará.

Y mientras se va allanando el terreno. La provocación de los cien musulmanes que invadieron la catedral de Córdoba esta Semana Santa –un hecho muy grave y sin precedentes– servirá de pretexto para plantear la idea de que las confesiones tienen que convivir, lo que arreglará esa ley. Se ha hablado así de hacer de los templos «espacios religiosos compartidos», algo atractivo para una ideología que pretende mudar el modelo constitucional de Estado aconfesional por otro laicista, en el que se igualen todas las confesiones y se derogue la llamada que hace la Constitución al trato específico de la Iglesia católica.

La polémica de hace una semanas sobre el velo es otro buen pretexto para justificar la eliminación de los signos de las confesiones; la polémica del crucifijo –suscitada por una minoría–, otro pretexto que justificará la necesidad de la ley para su eliminación; la regulación de los actos religiosos en el ámbito castrense mediante una orden interna, otra oportunidad para justificar que tan débil instrumento normativo deje paso a una ley. Y que el monumento más visitado del Patrimonio Nacional –el Valle de los Caídos– lleve camino de convertirse poco a poco en el Valle que se Cae –o que se deja Caer– permitirá justificar su cierre. Lo secundario es su origen franquista; lo relevante es que en un monumento del futuro Estado laicista vive una muy sólida comunidad de Benedictinos.

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