La promesa que nunca llega

En el año 2008, el Ministerio que dirige Carme Chacón se comprometió a construir tres residencias militares para jubilados en Madrid, Ferrol y Valencia. Se aprobaron los presupuestos y se acordó en el Consejo de Ministros. Meses después, tras afirmar en varias ocasiones que se estaban realizando «las gestiones y los trámites necesarios», el proyecto se paraliza y Defensa alega que «no hay recursos económicos suficientes», dando una explicación ambigua y poco esclarecedora.

Según Defensa, las ubicaciones para las tres residencias «no están del todo disponibles (Madrid), sin concretar (Ferrol) o aún no estudiadas a fondo (Valencia)».

En 2003, dos oficiales retirados iniciaron los trámites para conseguir una residencia asistida en Ferrol, cuando la localidad contaba con más de 3.600 militares y guardias civiles retirados, según el Instituto Social de las Fuerzas Armadas. Esta gestión puso de manifiesto el elevado número de oficiales que se encontraban en situación de dependencia por razones de edad, enfermedad y discapacidad física, abriendo la puerta a la construcción de más residencias en otras ciudades. En febrero de 2005, dos años más tarde, el director general de Infraestructuras del Ministerio de Defensa, Juan Mesquida, estableció por escrito que tras contabilizar cerca de 150.000 oficiales sin atención especializada, se abordaría «de forma global» en diez ciudades: Alicante, Burgos, Cádiz, Ferrol, Madrid, Murcia, Sevilla, Guadalajara, Valencia y Zaragoza.

Las constantes peticiones por parte de aquellos dos oficiales retirados vieron por fin la luz cuando el Gobierno, consciente de la necesidad de estas ayudas sociales, aprobó el proyecto en el Consejo de Ministros del 19 de septiembre de 2008, estableciendo que se destinarían más de 153 millones de euros a ayudas. En palabras extraídas del escrito, «está prevista la construcción de las tres primeras residencias asistidas durante la presente legislatura, ubicadas en Madrid, Ferrol y Valencia». Sólo once días más tarde la titular de Defensa aseguró que «el apoyo dirigido a mejorar las condiciones de los militares y sus familias constituye una prioridad de este Gobierno».

Los meses se sucedían y el Gobierno no actuaba. Las palabras de Chacón parecía habérselas llevado el viento. Ante tal silencio, Arsenio Fernández de Mesa, diputado del PP en el Congreso por La Coruña, hizo una petición por escrito a la Cámara Baja el 13 de abril de 2009 para que comunicara en qué situación se encontraba el proyecto. Defensa adujo entonces que se estaban realizando «los trámites y gestiones» para ejecutar dicho plan.

Pero el 23 de noviembre de 2009 todo cambió. En un comunicado, Defensa explicaba que «el déficit de financiación» y el «estado de las ubicaciones» no permitía abordar el proyecto. Los militares retirados siguen a la espera.