El PP propone quitar el Defensor del Menor a las autonomías

MADRID- «El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a crear la figura del Defensor del Menor dentro de la estructura de la institución del Defensor del Pueblo, en el desarrollo de las previsiones del artículo 10 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor». La literalidad corresponde a la proposición no de ley que el PP impulsará en la Cámara Baja para facilitar a las comunidades autónomas la supresión de los defensores del menor autonómicos y, sobre todo, las superestructuras creadas a su alrededor. El objetivo es triple, según relató a este diario el diputado popular Leopoldo Barreda, quien defenderá la proposición no de ley ante el Pleno. De un lado, garantizar una protección global al menor con una visión de conjunto. De otro, acabar con las duplicidades innecesarias y tan costosas en los distintos niveles de la Administración. Y por último, empujar a los gobiernos regionales a una reducción gradual de instituciones cuyas funciones pueden desempeñarse desde la Administración General del Estado. Precisamente ayer, durante el examen de idoneidad de Soledad Becerril antes de ser nombrada Defensora del Pueblo, el PSOE mencionó la necesidad de potenciar la defensa de la infancia.
 
Y es que, aunque la citada ley de 1996 reconoce que los menores deben recibir de las administraciones la asistencia adecuada para el efectivo ejercicio de sus derechos y que para la defensa de éstos pueden plantear quejas antes al Defensor del Pueblo, hasta 8 comunidades autónomas han contado en los últimos años con la figura del Defensor del Menor autonómico. Sin embargo, en los últimos meses, y como consecuencia sobre todo de la crisis económica que vivimos, el PP defiende la urgencia de racionalizar las instituciones públicas, sin que ello suponga, claro, «un menoscabo de la calidad de los servicios públicos y la defensa de los derechos más básicos de los ciudadanos, principalmente en un sector tan vulnerable como es el de los menores». De ahí que considere que, en lo que a la defensa de nuestros pequeños se refiere, son necesarios todos los esfuerzos posibles, pero también que éstos pasan por «tratar de coordinar, dotar de eficiencia y racionalizar todos los organismos que respecto de la protección de la infancia existen en la actualidad».

La primera autonomía en prescindir de su Defensor del Menor fue el País Vasco, y tan sólo un año después de crear su estructura. No se justificaba el gasto con el número de quejas. También Madrid, que fue pionera en la creación de la figura del Defensor del Menor para velar por los derechos de los niños, cerró la institución como consecuencia de la crisis.