El Gobierno examinará cada tres meses a las autonomías

MADRID- El Gobierno ejercerá un control más férreo sobre las cuentas de todas aquellas autonomías a las que se les inyecte liquidez. Las someterá a exámenes periódicos cada tres meses. Concretamente, deberán remitir a Hacienda información trimestral sobre la evolución de su tesorería y de los saldos pendientes de pago a proveedores. Así consta en el documento al que ha tenido acceso este diario de «propuestas de acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera por el que se adoptan medidas extraordinarias en materia de política financiera», que Cristóbal Montoro entregó a todos los consejeros de Hacienda este martes durante la reunión del CPFF y que ayer estudió el Consejo de Ministros. Este informe, de cinco folios de extensión, servirá al grupo de trabajo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que comenzará su andadura la próxima semana, para articular el texto de la futura Ley de Estabilidad Presupuestaria. Con la información trimestral que faciliten las comunidades, el Ejecutivo pretende verificar que sus deudas con los proveedores se recortan trimestre tras trimestre gracias a la inyección de capital que recibirán para pagar a sus acreedores. El Gabinete de Rajoy se comprometió el martes pasado a habilitar una línea del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por un importe, en principio, idéntico a la cifra que adeudan autonomías y ayuntamientos a sus proveedores. Aunque no existen cifras oficiales del montante global de la misma, la patronal calcula que puede elevarse a 35.000 millones de euros. Además, las autonomías estarán obligadas a enviar también con una periodicidad trimestral información sobre la ejecución de sus planes de reestructuración del sector público.

Las comunidades renovaron sus votos con el Ejecutivo el martes pasado sobre su compromiso adquirido en 2010 de reducir organismos, empresas y entes públicos. Por aquellas fechas, pactaron en el seno del CPFF suprimir un total de 510. Sin embargo, un año y medio después sólo han desaparecido un total de 70.

Por tanto, los Ejecutivos regionales deberán eliminar los restantes organismos públicos hasta completar la cifra comprometida de 510. Con la experiencia pasada, el Gobierno central se cura en salud al demandarles la ejecución trimestral de los planes de reordenación del sector público.

En aras de conseguir una mayor transparencia y control, las regiones acompañarán sus cuentas regionales de la información precisa para establecer la equivalencia entre el presupuesto y el déficit o superávit en términos de contabilidad nacional.

Además, los presupuestos deberán recoger toda clase de información sobre necesidad de endeudamiento, inversiones de las empresas públicas, datos de evolución de la deuda pública, avales otorgados, obligaciones no imputadas al presupuesto y compromisos de gastos derivados de la utilización de fórmulas de pago aplazado.

Acuerdo contra las duplicidades
Las autonomías y el Gobierno central sentaron las bases el martes pasado en el seno del CPFF para un acuerdo de austeridad, que incluye la supresión de duplicidades entre las administraciones públicas a la hora de prestar los servicios públicos. Así fue abordado ayer por el Consejo de Ministros y consta en el documento distribuido por Montoro a los consejeros. El documento pivota sobre cinco grandes áreas: estabilidad presupuestaria. eficiencia de servicios públicos, transparencia, sistema de financiación y política financiera.