El Gobierno envía mails a funcionarios y justifica el recorte en el «interés general»

El Gobierno reacciona para minimizar el coste de su plan de recortes sociales. De momento, tanto funcionarios como el personal del Ministerio de Educación y Cultura han empezado a recibir correos electrónicos personalizados, con la firma del ministro Ángel Gabilondo, en los que se les informa de que el «interés general» es la razón del ajuste en su nómina. A finales de febrero, por ejemplo, el Gobierno en pleno negaba que entre sus planes estuviera la congelación de sueldos de los empleados públicos. Los tres vicepresidentes –De la Vega, Salgado y Chaves– salían en tromba en un mismo día para tranquilizar a los funcionarios y garantizarles el cumplimiento del acuerdo para la Función Pública, que contemplaba una subida salarial del 0,3 por ciento este año y una cláusula de revisión hasta 2012.Así rectificaban al secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, que había dicho que sobre la mesa sí estaba la revisión del «acuerdo salarial para hacerlo coherente con el objetivo del Gobierno» de reducir un 4 por ciento el gasto en personal para 2013. Al final era Ocaña quien tenía razón y al final el Gobierno ha tenido que justificar en ese manido argumento del «interés general» el ajuste improvisado a la fuerza para calmar a Bruselas y para calmar a los mercados internacionales. La misma estrategia que con los funcionarios está siguiendo con empresas damnificadas por el drástico parón en la obra pública que incluye el tijeretazo, como es el caso de las afectadas por la cancelación de las obras del AVE. La razón invocada está calcada: el «interés general». Guardar las aparienciasEl coste político de los recortes sociales no se queda en los pensionistas, aunque el PP los haya convertido en su insignia de oposición al plan de ajuste que el PSOE logró sacar adelante en el Congreso por un solo voto a favor. El Ejecutivo lo sabe y así se explica su campaña de lavado de imagen con cartas incluso personales a los directamente afectados, potenciales votantes, no hay que olvidar, en la serie electoral que se pondrá en marcha a la vuelta del verano: catalanas, autonómicas y municipales. Mientras el Gobierno se afana en soltar lastre del ajuste, el PP prepara su nueva ofensiva, con la crisis como bandera, para cercarle en un Parlamento que se ha convertido en una plaza muy incómoda para los socialistas. Su estrategia para el Pleno de esta semana pasa por darle una nueva vuelta de tuerca a su propuesta alternativa de austeridad.Mariano Rajoy aprovechará el cara a cara con Rodríguez Zapatero para provocar un nuevo debate sobre la conveniencia de que se reduzca la estructura del Ejecutivo, en línea con los cinco mandatos que en ese sentido ha aprobado la Cámara Baja. En el Congreso hay ya en tramitación una proposición de ley presentada por el PNV con esta misma exigencia y que, de aprobarse, sí que pondría en dificultades a Rodríguez Zapatero porque su rango legal obliga a su cumplimiento. La portavoz popular, Soraya Sáenz de Santamaría, intentará sacarle los colores al Gobierno por su «política de rectificaciones».

Decálogo para recortar el gasto público-El PP llevará mañana al pleno del Senado una moción con 10 medidas de recorte del gasto público «que no afectarán ni a capas desfavorecidas de la sociedad ni a derechos sociales básicos del ciudadano», según indica el partido en un comunicado. -Suprimir la vicepresidencia tercera, suprimir los Ministerios de Igualdad y Vivienda, integrar los de Educación y Cultura por un lado y los de Trabajo y Sanidad por otro, son las cuatro primeras medidas de la moción registrada por los populares.-Además, proponen reducir subvenciones no productivas y eliminar las no justificadas, con carácter general, y minorar las de organizaciones empresariales, sindicales y políticas, con carácter particular.-El resto de las medidas contenidas en la moción son reducir el número de empresas públicas; ordenar el sector público a nivel estatal, autonómico y local, evitando duplicidades; reformar de manera integral la Administración General del Estado, y, en décimo lugar, reducir el elevado número de asesores del Gobierno.-A juicio de la senadora popular, Beatriz Escudero, encargada de defender la moción, el recorte del Gobierno es «insolidario, porque pide a los demás el sacrificio que el Ejecutivo no es capaz de hacer y, además, se carga de un plumazo el Pacto de Toledo y la Mesa de la Función Pública, entre otras cosas».