La crisis económica detrás del recorte de guardaespaldas

Expertos en la materia han estudiado en los últimos meses caso por caso y se ha tomado la decisión que se considera más adecuada, que se comunica en estos días a los interesados. El elevado coste del servicio de escoltas, prestado por agentes de las Fuerzas del Orden y miembros de empresas privadas de seguridad, contratadas por la administración, determinó que, a partir de los primeros meses del año, se realizara un estudio pormenorizado sobre todas las personas que disponían de escolta a cargo del erario público. Sólo en el País Vasco, el coste superaba en 2009 los 100 millones de euros, pagados por el Ministerio del Interior y la Consejería de Interior del Gobierno de Vitoria. El número total de personas a las que se considera dentro de los colectivos que sufren las amenazas de ETA en el País Vasco y Navarra y que, en principio, deberían llevar escolta, asciende a 1.500, la mayoría de los cuales tiene protección de agentes de empresas privadas. Los expertos son reacios a hablar de este asunto ya que, por activa o por pasiva, se están dando pistas a ETA sobre las personas que disponen de protección o las que la dejan de tener. El consejero vasco de Interior, Rodolfo Ares, aseguró ayer que la reducción de los servicios de escoltas a los amenazados por ETA «no tiene absolutamente nada que ver con el posible anuncio de una tregua (...) y, hasta ahora, todo lo que conocemos a través de sus comunicados (los de la banda) es que afirman mantener la actividad terrorista». La Consejería de Interior trabaja con los colectivos afectados, como formaciones políticas, miembros de la judicatura (hoy mismo tendrá lugar una reunión en el Palacio de Justicia de Bilbao) y empresas, para reorganizar el servicio e incluso para implantar servicios complementarios.