CSI-F recurrirá en días los actos de aplicación del ajuste de la Junta

SEVILLA- CSI-F Andalucía continuará no sólo en la calle sino también en los tribunales su pelea contra el decreto-ley de la Junta que sustenta el ajuste presupuestario que incluye un recorte de 747 millones de euros en las nóminas de los trabajadores públicos.

La asesoría jurídica del sindicato busca atisbos de inconstitucionalidad en los actos de aplicación del decreto, como la única vía posible para llevar al juzgado una norma con rango de ley. Nóminas individuales, instrucciones, órdenes o circulares de la Administración autonómica en las que se expliquen cómo se aplicará el decreto, fundamentarán un recurso de protección de derechos fundamentales.

Fuentes de estos servicios jurídicos recordaron a LA RAZÓN que cuando se materializó la primera rebaja salarial a los empleados públicos de la democracia que aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010, «ya se siguió ese camino», que acaba en el Tribunal Constitucional.

Consideran que aspectos del texto del plan de ajuste de la Junta podrían «apartarse» de la Carta Magna al «invadir competencias que no corresponden a la comunidad sino al Estado». Un ejemplo: las bases de las retribuciones de los funcionarios están fijadas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y habrá que comprobar qué complementos toca el Gobierno andaluz y cómo para ajustar la nómina de su personal.

No descartan, asimismo, que la aplicación de las medidas aprobadas por el «Gobierno PSOE-IU», pueda vulnerar el principio de seguridad jurídica.

El presidente de CSI-F Andalucía, José Luis Heredia, se muestra convencido de que se trata de un decreto-ley «que va contra los derechos de los empleados públicos» y anuncia que el recurso con «viabilidad jurídica» se interpondrá «la próxima semana». Heredia defiende que «hay que reducir al máximo los 747 millones de euros», pese a contar ya la poda al Capítulo I de las cuentas andaluzas con el visto bueno del Consejo de Gobierno.

«En dos años nos han recortado ya el 21 por ciento de nuestros salarios públicos», lamenta, para concluir con un mensaje a navegantes: «Hay muchas más formas de reducir gastos a poner en práctica, en vez de tocar siempre a sus trabajadores».