Morales un mal pagador

MADRID– El Gobierno boliviano reiteró ayer que está dispuesto a indemnizar a Red Eléctrica de España (REE) tras evaluar sus inversiones y pasivos en la filial expropiada, Transportadora de Electricidad (TDE), y hasta dio una primera cifra para empezar a negociar: 39,9 millones de dólares (30,2 millones de euros). El ministro de Hidrocarburos y Energía, Juan José Sosa, aseguró que «nosotros vamos a partir de lo que ellos pagaron en el momento de la privatización, que son 39,9 millones de dólares».

La cifra ofrecida por Sosa, que aseguró que el pago se realizará dentro de un plazo de 180 días hábiles, es un 85% inferior a lo que pagó Red Eléctrica por la compañía a Unión Fenosa en 2002 (74 millones de dólares, o 56 millones de euros al cambio actual). Fenosa se la había comprado en 1997 al Estado boliviano durante el proceso de privatizaciones impulsado entonces por el Gobierno por 39,9 millones de dólares (30,2 millones de euros).

Lo que no valora Morales
El precio ofrecido por el Gobierno boliviano no contempla las inversiones realizadas por la española, que las cuantificó ayer en 67 millones en los últimos diez años. La firma española, cuyo 20% pertenece al Estado, recordó que su gestión y balances en Bolivia fueron «auditados anualmente» por los organismos bolivianos competentes y por multinacionales de auditoría «de reconocido prestigio internacional». La compañía advirtió de que cualquier negociación sobre la compensación deberá partir desde ese punto.

REE quiso aclarar también –mediante un comunicado– que las inversiones realizadas han alcanzado los importes máximos permitidos por la legislación boliviana, ya que se trata de un sector regulado y restringido, y sitúan la red de alta tensión boliviana al más alto nivel de calidad.

La empresa española reconoce que el descenso en el ritmo inversor de los últimos años que le imputa el Gobierno que preside Evo Morales se debe a que desde 2008 los nuevos desarrollos de red se adjudican por ley a la empresa pública nacional ENDE, por lo que las inversiones de REE se ciñen al mantenimiento y modernización de las instalaciones ya existentes.

«Es decir –recuerda la eléctrica–, a una decisión del Gobierno de Bolivia y no a una decisión unilateral de la compañía». Red Eléctrica explicó que entre 2002 y 2011 se han invertido más de 74 millones de dólares (56 millones de euros) en el país, de los cuales 69 millones de dólares (algo más de 52 millones de euros) se han destinado a la red de transporte local. A esos 74 millones de dólares hay que añadir otros 14 (10,6 millones de euros) que han ido a parar a proyectos iniciados con anterioridad. En total, 67 millones, revela REE.

La compañía española se mostró abierta a comenzar las negociaciones pertinentes en el marco de los principios internacionales del Derecho y se mostró confiada en alcanzar una «compensación adecuada». En este sentido, Sosa aseguró ayer que trasladó en conversación telefónica a su homólogo español, José Manuel Soria, la disposición del presidente Evo Morales a resolver el entuerto a través de «una empresa que haga la valoración de todos los activos que tiene TDE». «Vamos a tratarlo en una mesa, a ver cuáles son las inversiones», dijo el ministro, y agregó que se valorarán también los pasivos antes de negociar la indemnización.

La cuestión es dilucidar qué considera el presidente Evo Morales como justiprecio por la nacionalización y el grado de imparcialidad de la «empresa» que contratará el Gobierno boliviano, cuyo historial de pleitos, arreglos de última hora –aparentemente satisfactorios para ambas partes ya que ninguna empresa transnacional puede optar a concesiones estatales mientras mantenga pleitos con el Estado– y pagos muy por debajo de las demandas de las empresas expropiadas están a la orden del día.

Bolivia sólo mantiene un contencioso vigente ante el CIADI, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, integrado en el Banco Mundial, aunque independiente. Claro que el Gobierno de Evo Morales se encargó en 2007 de sacar a su país de esta instancia de mediación entre empresas y gobiernos. Apenas un año después de llegar al poder.
El 29 de abril del año 2007, el Gobierno de Evo Morales decidió denunciar el convenio del CIADI. Así, el 2 de mayo de 2007, envió una carta al CIADI solicitando su salida del organismo internacional, en el que por ahora figuran Argentina y Venezuela.

Después de la nacionalización masiva de los yacimientos de hidrocarburos por el decreto «Héroes del Chaco» del 1 de mayo de 2006, por el que se ponía fin «a 500 años de saqueo» y tras un calvario de dos años, con detenciones de directivos, operativos policiales y militares, y acusaciones de contrabando, Repsol YPF y su filial Andina tuvieron que «redefinir» sus derechos para sellar en octubre de ese mismo año un contrato de operación con la estatal YPFB para 28 áreas. Hoy, Repsol es una de las petroleras más importantes, con un 45% de las reservas de gas y un 39% de las de crudo. A cambio, la filial Andina pasó a estar controlada por el Estado.

Otro 1 de mayo, en este caso del año 2008, Morales anunció la nacionalización del 100% de Entel, la mayor telefónica en Bolivia y filial de la compañía italiana Telecom. Tras años de pugnas en el CIADI e incluso en la ONU, en noviembre de 2010 –más de dos años y medio después de la confiscación– la multinacional demandante recibió 100 millones de dólares de indemnización, un 10% de la cifra que reclamaba al inicio del caso.

El caso que aún mantiene Bolivia en el CIADI es el de la minera chilena Quiborax, a la que se anuló en 2004 la concesión de una licencia de explotación en el Salar de Uyuni. La firma demanda 66 millones de dólares en concepto de indemnización.

Buenas relaciones
Por contra, Bolivia no considera a la filial de Quiborax en su país como transnacional y asegura que no realizó inversiones. El pleito duerme el sueño de los justos a la espera de una resolución que, en cualquier caso, Bolivia podría desoír.

Aunque los contenciosos son innumerables –como el que aún perdura con la eléctrica Guarachi, nacionalizada en 2010– fuentes jurídicas bolivianas consultas por LA RAZÓN afirman que la Constitución boliviana recoge el pago de estas indemnizaciones y sus plazos, y resaltan que es probable que el caso de REE se solvente sin mayores contratiempos habida cuenta de la «excelente relación» que mantiene el embajador español en La Paz, Ramón Santos, con el Gobierno boliviano y el compromiso de Morales de no intervenir más inversiones.

El Gobierno insiste en que es una decisión «negativa» para Bolivia
C. Herrero/S. D. C.
BRUSELAS/MURCIA- El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, calificó ayer de «negativa» la decisión de expropiar la filial de Red Eléctrica Española (REE) en el país andino por parte del presidente boliviano, Evo Morales, quien puso de relieve su compromiso de pagar un justiprecio a cambio de las inversiones realizadas hasta la fecha en la red. Ésta es la razón por la que el Gobierno español no sitúa la acción de La Paz en la misma esfera que la llevada a cabo por el Gobierno argentino con YPF. «No creemos que exista en absoluto una situación generalizada. Son situaciones independientes», afirmó el ministro en declaraciones a la Prensa desde Bruselas. No obstante, reconoció que estas decisiones «son negativas fundamentalmente para los países que las toman», sobre todo porque tienen implicaciones a medio plazo desde el punto de vista de la seguridad jurídica y el desarrollo económico de estos estados.
El secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, remarcó ayer, por su parte, que a diferencia del caso argentino con Repsol y la expropiación de YPF, en Bolivia hubo un aviso «con algo de antelación». Aclaró además que la medida afecta a todos los accionistas de Red Eléctrica Española por igual y no es discriminatoria, y que se va a indemnizar «con un precio justo y determinado por alguien independiente». García-Legaz participó en una conferencia en la Universidad de Murcia.