Lecciones de Grecia

La tragedia griega nos pone de manifiesto una vez más cuánto de perjudicial para una nación puede resultar una clase política irresponsable, incapaz de gestionar con seriedad los presupuestos públicos, centrada en sus privilegios y no sometida a control alguno. En Grecia se han cometido muchos errores, empezando por los de la Unión Europea al aceptar la entrada en el euro de un país que no cumplía los criterios de convergencia, al que no se obligó desde el primer momento a ajustarse el cinturón y sobre el que no se ejerció fiscalización, de manera que engañaron cuando quisieron a las instituciones comunitarias. ¿Cómo es posible que se permita que un miembro del euro carezca de un sistema impositivo contrastado y se salte a la torera los topes de gasto, deuda y contratación de funcionarios, entre otros? Pues ha sido posible, y ya vemos el resultado. En Estados Unidos se destituye, procesa, juzga y condena a un gobernante si se demuestra su irresponsabilidad en la gestión del dinero de todos, no sólo por corromperse, que se da por supuesto, sino por gastar más de lo que tiene, endeudar a los ciudadanos sin consentimiento alguno o malversar fondos dándoles un fin diferente al que correspondía. Esto en Europa no sucede, aunque ahora asistimos al primer caso en Islandia, donde se va a juzgar a un dirigente por negligencia en la administración de las cuentas del Estado. Buena iniciativa, que se debería implantar en la UE y, por supuesto en España, incluidas sus autonomías, diputaciones y ayuntamientos. Sería probablemente la única manera de acabar con esta alegría que demuestran algunos gestores a la hora de usar el dinero que reciben de todos nosotros. Sólo así evitaremos que consistorios como el de Madrid, adquieran una deuda descomunal, o que autonomías como Castilla-La Mancha no hayan pagado facturas en lo que va de este año 2011, o que la Generalitat de Cataluña destine a embajadas parte del dinero que recibe del Estado para financiar la Sanidad, o que Andalucía lleve como media más de seiscientos días de demora en poner al día sus pagos en medicamentos, o que la Comunidad Valenciana contrate más funcionarios de los que debe, o que en Extremadura se soporte una estructura insostenible para los ex presidentes de la Comunidad autónoma.

Decía la ex ministra Carmen Calvo que «el dinero público no es de nadie», y probablemente por eso ella lo administraba según su capricho. Bien, pues con esa filosofía y esa cultura es con lo que hay que acabar. El dinero público es de todos. Se lo damos a los políticos detrayéndolo de nuestros sueldos. Admitimos ese esfuerzo porque entendemos que es bueno que una parte del ahorro de todos se distribuya en solidaridad, becas, ayudas a los parados, pensiones dignas, educación gratuita y unas infraestructuras decentes que nos ayuden a prosperar como nación. Pero no le damos un cheque en blanco a ningún Gobierno para que derroche, malverse, se endeude sin nuestro consentimiento o haga políticas alocadas como las que han estado haciendo aquí en los últimos siete años de gobiernos de Zapatero. Por ejemplo.