Convenios colectivos

Los sindicatos también se desmarcan del decretazo

Los sindicatos CC OO y UGT dijeron ayer no sentirse vinculados con las medidas recogidas por el Gobierno en su borrador de reforma de la negociación colectiva que el Consejo de Ministros aprobará hoy. Así lo expresaron los secretarios de Acción Sindical de CC OO y UGT, Ramón Górriz y Toni Ferrer, respectivamente, tras reunirse con el ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez.

Ramón Górriz (izda.) y Toni Ferrer ayer en el Ministerio de Trabajo
Ramón Górriz (izda.) y Toni Ferrer ayer en el Ministerio de Trabajolarazon

Según Górriz, «no nos sentimos comprometidos con la reforma», si bien reconoció que «se salvan algunos muebles como la ultraactividad», aunque muchos otros puntos son «manifiestamente mejorables». Ambos representates sindicales advirtieron al Gobierno de que será «responsabilidad» suya las consecuencias que se deriven de la reforma, y recalcaron que la culpa de la ruptura del diálogo fue el viraje de la CEOE. Górriz tras acusar al Ejecutivo de realizar una reforma bajo presión de los mercados, indicó que si se empeña en hacerla buscando un equilibrio, en un ejercicio de «funambulismo», correrá el riesgo de que no guste a ninguna de las partes que la tienen que aplicar.

El secretario general de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, aseguró por su parte que no acepta «su contenido literal» y criticó «que se podían haber hecho más esfuerzos». Por este motivo, rechazó ayer la afirmación del líder de la CEOE de que está desequilibrada del lado de los sindicatos al tiempo que le afeó que, si los empresarios tienen pánico a contratar, es «porque no les llega el crédito». Tan sólo un día después de entregar a los agentes sociales el borrador de reforma de negociación colectiva, el Ministerio de Trabajo hizo ayer su primera modificación al documento. Ahora, en lugar de los 20 meses de plazo máximo que el Gobierno da a sindicatos y empresarios para negociar la renovación de un convenio caducado, fijó una nueva horquilla de entre 12 y 18 meses, en función de la duración del convenio. Un plazo que sigue siendo demasiado largo para los empresarios, que quieren que el convenio expire si no hay acuerdo entre las partes.