Rajoy replica a los sindicatos y se reúne con los emprendedores

MADRID- En febrero de 2009, José Luis Rodríguez Zapatero se reunía en Moncloa con los principales banqueros de España. Dos meses antes les había vuelto a convocar en palacio, aquella vez en sillones blancos, una imagen que le granjeó no pocas críticas. Para la segunda ocasión, los invitados eran los mismos, pero los lujosos sillones habían sido sustituidos por mesas de trabajo y sillas de oficina.

Hoy, el día después de las protestas sindicales del 11-M contra la reforma laboral, Mariano Rajoy responderá con otra imagen muy simbólica. El hoy presidente del Gobierno no se sentará con los banqueros, sino con uno de los sectores más afectados por la crisis, pymes y autónomos, es decir, con representantes de los proveedores para los que el Gobierno acaba de aprobar una macrooperación financiera sin precedentes que les permitirá empezar a cobrar sus facturas a partir del 15 de mayo.

Las comunidades autónomas y los ayuntamientos recibirán 35.000 millones de euros para poner a cero el contador de sus deudas, en un préstamo sindicado a diez años con un periodo de carencia de dos años. Esta operación será posible a través de un crédito sindicado entre la banca y el ICO –que aportará entre 7.000 y 1.000 millones– a un tipo de interés del 5 por ciento.

Rajoy recibirá a los proveedores para explicarles las medidas aprobadas en el Consejo de Ministros y analizar con ellos la aplicación de un plan al que el Gobierno ya ha limpiado la cara más polémica, la de que en el pago a las facturas se priorizase la quita. La administración priorizará finalmente la antigüedad, según confirmó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a finales de la pasada semana.

Moncloa quiere dar mucha importancia a esta operación financiera, por lo que significa de desatasco de la situación de muchas pequeñas empresas que, en otro caso, estarían obligadas a cerrar. Y porque, además, sirve –dicen– para compensar las medidas más impopulares y presentar a Rajoy como un presidente preocupado por los «problemas reales», aquellos de los que tanto hablaba en la campaña electoral.
A la reunión de esta mañana están convocadas todas las asociaciones de pymes y autónomos, y se le ha querido dar el más alto rango. De ahí que además de Rajoy, estarán la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría; el ministro de Economía, Luis de Guindos; y el propio Montoro. Al término de la misma el jefe del Ejecutivo pronunciará un discurso.

El Gobierno también tiene hoy otra importante cita en el calendario, que mantiene pese al órdago que le han lanzado los sindicatos con el anuncio de una huelga general para el 29 de marzo. En el Ministerio de Empleo hay convocada una reunión técnica con CC OO y UGT desde el pasado día 5, y en el departamento que dirige Fátima Báñez sigue vigente la previsión. Es el quinto encuentro tras la aprobación de la reforma laboral por el Consejo de Ministros. «El Gobierno mantiene la reunión y seguiremos dialogando hasta la extenuación», explicaron fuentes de este ministerio.

Tras las protestas que recorrieron ayer las principales ciudades españoles, Moncloa está en la misma posición del viernes: diálogo, sí, pero mantiene que no variarán los ejes de una «necesaria» reforma laboral. En el Ejecutivo creen que las prisas por «calentar» la calle tienen mucho que ver con las elecciones andaluzas, porque «el PSOE, y sobre todo Rubalcaba, se juegan más que un gobierno autonómico».

Sólo cuatro días de margen para aflorar facturas
Los ayuntamientos tienen de plazo hasta el próximo jueves, 15 de marzo, para comunicar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el volumen de las facturas que tienen pendientes con los proveedores hasta el 31 de diciembre de 2011.
Además, deberán entregar al Ejecutivo antes del 31 de marzo un plan de viabilidad para hacer frente al pago de las deudas en un futuro. El Gobierno evaluará su cumplimiento y podría encargar sus propias auditorías.
El Gobierno concederá, a través de la banca, un crédito sindicado con aval del Estado a diez años por 35.000 millones de euros, de los cuales entre 7.000 y 10.000 los aportará el ICO.