Torres-Dulce avisa: la tregua de ETA «no es irreversible»

Madrid- El nuevo año judicial, presidido por Su Majestad el Rey, contó con el «estreno» en este acto del Ministro de Justicia, del presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ y del fiscal general del Estado, Alberto Ruiz-Gallardón, Gonzalo Moliner y Eduardo Torres-Dulce, respectivamente. Carlos Dívar no acudió al acto.

La banda terrorista ETA ocupó un espacio relevante tanto en el discurso como en la Memoria de la Fiscalía General del Estado. Así, en el análisis sobre el terrorismo etarra, Torres-Dulce destaca que el «alto el fuego permanente» de ETA ha supuesto una reducción del «nivel de amenaza» de la banda, aunque advierte de que el riesgo de que vuelva a atentar «realmente no ha desaparecido, al mantener todavía su estructura operativa y, por lo tanto, la posibilidad de cometer atentados terroristas en cualquier momento».

Por ello, el principal responsable del Ministerio Público señala en la Memoria que pese a las reiteradas afirmaciones, la actual situación de «alto el fuego» de ETA «no tiene carácter irreversible, y resulta probable que si los acontecimientos futuros no siguieran el camino diseñado por ETA y el logro de sus objetivos estratégicos fuera percibido como algo inalcanzable, su dirección pudiera cambiar su actual estrategia y retornar a anteriores posiciones», es decir, volver a las armas.

En relación con este mismo tema, en su discurso ante Don Juan Carlos, el fiscal general lanzó igualmente una clara advertencia a ETA y la posibilidad de que intente «colar» a un partido en las próximas elecciones. «El padrinazgo que ETA pueda ejercer sobre ciertas organizaciones políticas debe corregirse en su caso con los instrumentos que nos brinda la Ley de Partidos Políticos tan pronto revelen su verdadera naturaleza. El Ministerio Público será guardián inflexible del cumplimiento de las condiciones impuestas por nuestro TC en el ámbito de la legalidad de Sortu». Y ello porque, añadió, un partido político «no puede ser el caballo de Troya construido para traer la ruina y la devastación de la ciudad que hospitalariamente le acoge».
En cuanto a la corrupción, destacó que tendrá el mismo nivel de «tolerancia», ya que «no podemos permitir que este fenómeno siga envenenando el funcionamiento de la economía de nuestro país, la integridad de las arcas, la probidad en las relaciones comerciales y el cabal desempeño de las prerrogativas y funciones públicas».

En la última parte de su intervención, criticó el endurecimiento de penas recogido en el anteproyecto del nuevo Código Penal: «No siempre el agravamiento punitivo es la respuesta adecuada».

Eliminar sospechas
Por su parte, Gonzalo Moliner, presidente del Supremo, pidió a los poderes públicos una «actuación congruente» para eliminar cualquier «sospecha» sobre la independencia judicial, a la vez que reclamó la confianza en la Justicia: «El Poder Judicial debe seguir siendo considerado como la última garantía para los derechos de los ciudadanos».

Tras enviar un mensaje de aliento a los jueces ante la reducción de sus retribuciones y defensa de que el CGPJ administre su estatuto jurídico, Moliner aludió a la crisis económica y a que se pueda salir de la misma «sin soslayar la vigencia y eficacia» de los Derechos Humanos, con medidas que tengan en cuenta «la defensa y respeto de los derechos individuales inherentes a la dignidad de la persona».

Suben los asesinatos un 15,6%
Aunque el número de procedimientos incoados en 2011 (4.477.380) prácticamente se mantiene, algunos delitos sí se han incrementado. Así sucede con los asesinatos, 111, un 15,63% más que en 2010, o las violaciones (272), que registran un aumento del 28,30 por ciento. También aumentan los hurtos (816.334), en este caso un 3,62%; los incendios forestales, 2.942 el año pasado, que suben un 16,01% respecto al año anterior, y los casos de defraudación tributaria, que lo hacen un 19,18%.
 

Nueva amenaza de huelga
Los jueces y fiscales aprovecharon la apertura del año judicial para tensar las relaciones con el Ministerio de Justicia y amenazar con «medidas de presión concretas, sin descartar paros parciales y huelga» si no se paralizan «de inmediato» los anteproyectos de reforma que afectan al Consejo General del Poder Judicial, «ya que atentan contra la independencia de los jueces y la autonomía de los fiscales». El próximo viernes, las juntas de jueces y fiscales decidirán las medidas de presión.