La plantilla del CETI de Ceuta huye del Centro por un motín

Tras el enésimo incidente que se registra en su interior durante los últimos meses –otra pelea entre indocumentados subsaharianos– los vigilantes de seguridad privada del centro reclamaron la presencia de la Policía Nacional, que detuvo a uno de los inmigrantes.

Nada nuevo hasta que el resto de los alborotadores se enfrentó a los agentes y logró liberar al arrestado, que huyó esposado hasta la Enfermería, donde comenzó a darse cabezazos contra todo lo que encontró a su paso. Alarmada, la plantilla del CETI, tanto el personal que depende de la Administración como el de las dos ong que prestan servicios sociales en su interior (Cruz Roja y CEAR), decidió abandonar su puesto de trabajo.

Se trata de la primera vez que lo hacen, pero temen que no sea la última. La semana pasada los trabajadores remitieron un escrito a la Secretaría de Estado denunciando la multiplicación de «agresiones verbales, físicas, amenazas e intimidaciones» recibidas y advirtiendo del «alto riesgo» de que se produjera un motín.

El CETI de Ceuta ha sido, desde que abrió sus puertas en 2000, una balsa de aceite donde los indocumentados reciben clases de español sin más obligación que la de respetar un horario y no vulnerar las normas de convivencia.

En mayo, la situación cambió con la llegada de subsaharianos «con perfiles disruptivos» procedentes de Camerún y otros países del África francófona. Los «alborotadores», confirman fuentes policiales, son unos 15 hombres con aparente formación militar «cuyas principales víctimas son el personal administrativo del CETI y sus propios compañeros».

Magrebíes y asiáticos «pasan» de la rebelión negra, pero los agitadores exigen a los de su color que los sigan. A finales de agosto, los subsaharianos tomaron el centro de Ceuta para exigir el derecho que la Policía, la Delegación y los jueces les niegan por no ser la ciudad «territorio Schengen», de poder llegar a la Península con las «tarjetas amarillas» que los acreditan como solicitantes de asilo.

Perdida esta batalla en los juzgados, el grupo acentuó su agresividad y empezó a concentrarse ante la Delegación. Las autoridades aguantaron pocos días sus insultos a la Policía y sus cartonazos ante los peatones, y el delegado del Gobierno, José Fernández Chacón, firmó el 6 de septiembre una resolución instando a disolverles a la Policía, que cree que lo único que buscan los inmigrantes es cometer un delito que obligue a trasladarlos a un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Península, donde su estancia máxima está legalmente limitada a 60 días.

Los trabajadores del CETI que debían comenzar su trabajo en el turno de tarde se incorporaron ayer «con absoluta normalidad» a las 17:00 horas después de que el delegado del Gobierno ordenase la incorporación de once policías nacionales a la vigilancia del centro, algo que no se había visto hasta ahora. A partir de mañana, otros cinco agentes elevarán hasta 16 el número de policías de las unidades de intervención policial (UIP) y prevención y reacción (UPR) de servicio permanente.