Los editores acusan al Estado de competencia desleal dministraciones

Se trataba de presentar el informe sobre «La situación de los contenidos digitales educativos en los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Ecónomico): perspectiva española», pero acabó convirtiéndose en un alegato de los editores contra las Administraciones públicas, a las que acusan de «falsear la competencia por la distribución gratuita y generalizada de los contenidos curriculares en soporte digital». Según José Moyano, presidente de la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza (Anele), el cambio tecnológico, añadió Moyano «no debe servir de excusa para convertir a la Administración en editora de libros de texto». Antonio María Ávila, director ejecutivo del gremio de editores, la FGEE, advirtió, por su parte, de la preocupación que existe en el sector ante «la aparatomanía» que parece haberse instalado en la enseñanza en España con la política de compra masiva por parte de las Administraciones de ordenadores y otros soportes para dotar a las escuelas y alumnos sin tener en cuenta la adecuación de los contenidos pedagógicos. Asimismo, recuerdan que las editoriales ya producen contenidos creados específicamente para ser utilizados con herramientas de las TIC y ofrecen servicios en línea con diversos enlaces y funciones avanzadas de búsqueda. Pero respetando siempre los derechos de autor y las leyes que regulan el libre comercio. Las exigencias de la patronal del libro se producen unos meses antes de que se ponga en marcha el Programa Escuela 2.0, que permitirá que en el próximo curso medio millón de estudiante dispongan de un PC portátil en clase, y además, unas 200.000 aulas estarán completamente adaptadas a las nuevas tecnologías.

Bruselas propone el modelo español La Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo (PE) adoptó ayer un informe contra la «piratería» en internet que propone luchar contra los sitios de la red que ofrecen contenidos protegidos por las leyes de propiedad intelectual, en lugar de sancionar a los usuarios, informa Efe. El órgano apuesta, por tanto, por la vía española, que no se acaba de aprobar. Ayer, el Parlamento concedió la sexta prórroga de enmiendas a la Ley de Economía Sostenible, aun así la ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, señaló que «no vamos a bajar la guardia ni a hacer que los plazos se alarguen», y mostró su preocupación por los datos del Observatorio de «Piratería».