Las deudas de las autonomías

Las cifras son realmente inquietantes. La liquidación de 2008, que se conoció ayer, pone de manifiesto que las autonomías deben al Gobierno un total de 5.500 millones, con la excepción de Madrid, que recibirá 15 millones. Esto no incluye al País Vasco y Navarra, que tienen un régimen de financiación privilegiado que las excluye del común. Estamos ante un síntoma de cómo el modelo de Estado de las Autonomías ha evolucionado hasta unos límites inasumibles a partir de unos criterios de eficacia y control del gasto. El incremento exagerado de funcionarios, empresas y organismos públicos copiados miméticamente del Estado configuran una estructura que necesita con urgencia una fuerte reducción. Una de las virtudes del modelo constitucional era la proximidad con el ciudadano y una mayor eficacia en la gestión de los servicios públicos. La crisis ha puesto de manifiesto aún más, si cabe, esta lacerante realidad. El problema es que muchas no hacen esfuerzos significativos en esa dirección.