Vista para sentencia

Los jueces harán pública su decisión en una audiencia abierta, para evitar que su fallo se filtre en los medios antes de que lo conozcan los imputados, alrededor de la última semana de enero. Ayer, de momento, el presidente del tribunal encargado de juzgar el caso «Patrimonio Siglo XXI», Francisco Javier Vieiras, lo dejó visto para sentencia.

Tras escuchar las conclusiones del fiscal, que reiteró su petición de ocho años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público para todos los imputados, el abogado del ex concejal de Urbanismo, Francisco Martín Rojas, lanzó al tribunal su último dardo. Durante las cuatro jornadas en las que se ha desarrollado la vista oral de este pleito los abogados de la defensa de la secretaria de Organización del PSM han intentado abrir en el proceso una posibilidad de recurso ante el Tribunal Supremo.

Ayer no fue una excepción: el letrado del ex responsable de Urbanismo pidió a la sala que valorase «con todas las cautelas posibles» la declaración de uno de los testigos que aseguró que toda la corporación conocía la existencia de un informe negativo sobre el convenio urbanístico que se aprobó en el Pleno del 26 de noviembre de 2001.

Según este abogado, durante el juicio podría haberse incurrido en un delito de falso testimonio. Asimismo, en sus alegaciones todos los letrados insistieron en que la firma del convenio suponía un beneficio no sólo para el Ayuntamiento, sino también para los vecinos de la localidad, ya que se construyeron 107 pisos de reinserción. Así, las defensas, como era previsible, solicitaron la libre absolución de todos los imputados. La sesión de ayer, cuarta y última del juicio, concluyó con el último alegato de la «escudera» del líder de los socialistas madrileños ante el tribunal: «En ningún momento tuve conocimiento del informe (negativo) del secretario. Cuando voté el convenio estaba absolutamente convencida de su legalidad. Beneficiaba a los intereses económicos del Ayuntamiento y también en términos sociales. Ahora la pena pública a la que se nos ha sometido quedará para siempre, pero estoy convencida de que no merecemos otra pena», lamentó Rollán.

 Sin embargo y pese al intento de la ex alcaldesa de Torrejón de defenderse de las acusaciones de prevaricación, durante el juicio se ha podido demostrar con pruebas testificales y documentales que tanto ella como el resto de los imputados sí conocían el informe negativo del secretario municipal que se saltaron y que no tuvieron en cuenta. Ahora es el tribunal el que debe valorar los hechos y dar su veredicto.