Los «intrusos» recurren los 47 millones de fianza

Sevilla- Los defensores de los primeros 16 «intrusos» imputados por los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos han recurrido las fianzas, por un total de 4.715.655 euros, que les ha impuesto la juez porque son «gente humilde» que creía estar recibiendo una ayuda lícita de la Junta.

Según indicaron a Efe varios defensores, su recurso se basará en que los «intrusos» se limitaron a pedir una ayuda a la que creían tener derecho, y por lo tanto el único error es imputable a la Junta por concedérselo.

La juez de instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, impuso el viernes fianzas superiores a las que había pedido la Fiscalía Anticorrupción, con el objeto de que las personas que figuran en un ERE sin haber trabajado nunca en las empresas afectadas devuelvan las «ingentes cantidades de dinero público» obtenido de manera «con pleno conocimiento de su ilicitud».

El auto, que puede ser recurrido en el plazo de tres días, aseguró que la percepción de esas ayudas se hizo «con autorización y conocimiento de altos cargos de la Junta de Andalucía» y para «favorecer a amigos, familiares y en definitiva a círculos próximos al PSOE».

La abogada Esperanza Lozano, que defiende a dos imputados de Camas (Sevilla) y militantes del PSOE, dijo a Efe que sus clientes «no eran conscientes de actuar contra la ley» y se trataba de «gente humilde que creían estar percibiendo una ayuda de la Junta, sin ser conscientes de que estuvieran estafando ni obteniendo una ayuda ilícita».

La letrada Carmen Julia García Mesa, que defiende a otro grupo de imputados, apuntó de que va a recurrir porque no es el momento procesal y porque sus clientes «pidieron una ayuda pública» cuya responsabilidad «es en todo caso de los políticos que la concedieron y no del que la pidió».
Además, esta letrada entiende que hay errores aritméticos a la hora de cuantificar las cantidades imputables a sus clientes, que son de 307.086 euros, 158.148 y 58.347 euros.

Borja Ortas, abogado de un «intruso» residente en El Pedroso (Sevilla), declaró que es «impensable» que su defendido puede depositar la fianza de 584.976 euros que se le pide, habida cuenta de que «le concedieron una prestación de supervivencia».