El Gobierno regional llevará al TC el decreto que «castiga» a la fotovoltaica

Valcárcel realizó estas declaraciones en la Asamblea de la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (Anper), celebrada ayer en Murcia, y en la que se abordaron las graves pérdidas económicas que supone la tercera modificación sobre la normativa que se aplica a este sector desde 2008.

La modificación del Real Decreto-Ley 14/2010 que realizó el Gobierno central el pasado mes de diciembre incide, de forma especial, en la aplicación de medidas retroactivas que modifican sustancialmente el marco legal existente desde 2008. Entre los cambios más destacados se encuentran la limitación de las horas de producción, que no tienen en cuenta la zona climática de la instalación y que perjudica especialmente a comunidades como la Región de Murcia, con mayor capacidad de producción por su índice de radiación solar. Asimismo, se impone un peaje para cualquier productor.

En este sentido, el jefe del ejecutivo regional insistió en que se han modificado «las reglas de juego», al tiempo que informó a los productores de energía fotovoltaica de que el estudio realizado por la Consejería de Universidades, Empresa e Investigación, resalta la «incertidumbre creada por el Gobierno de Zapatero a este sector, así como la «contradicción» existente con las políticas de la Unión Europea.

La normativa comunitaria especifica que los gobiernos deben «asegurar que toda reforma del sistema de apoyo a las energías renovables garantice a los inversores unas condiciones estables, evitando unos cambios retroactivos», remarcó el presidente regional. Valcárcel subrayó que la regulación en materia eléctrica es un claro ejemplo más de la «improvisación continua y constante del Gobierno Zapatero», ya que, «no se pueden cambiar las normas poniendo en jaque los ahorros y la forma de vida de miles de personas».

A este respecto, el jefe del Ejecutivo murciano solicitó de una forma «clara, precisa y consensuada» el desarrollo de un «mix energético nacional» con una regulación estable y continuada que sea beneficiosa para el conjunto de la sociedad y de la industria. «Se debe fomentar un desarrollo económico sostenible del sector de las eléctricas, para que las familias y empresas no tengan que pagar continuamente los errores de la improvisación».


La legislación perjudica a más de 20.000 murcianos
En la actualidad, en la Región de Murcia existen unos 350 megavatios de energía solar fotovoltaica instalados. La inmensa mayoría de ellos pertenecen a huertos solares de pequeños agricultores que podrían obtener, a largo plazo, los beneficios de estas inversiones. A ello hay que sumar, sin embargo, el efecto generado por el cierre, en los dos últimos años, del noventa por ciento de las empresas creadas para el desarrollo de este sector productivo incipiente. Los estudios realizados por el Gobierno murciano indican que con la entrada en vigor del Real Decreto se ven afectados alrededor de 20.000 agricultores de la Comunidad, que invirtieron en este tipo de instalaciones. Además, se estima que unos 500 trabajadores dedicados al mantenimiento de las instalaciones perderían su empleo y se dejarían de ingresar unos 83 millones de euros anuales debido al recorte.