Las ayudas a las personas dependientes crónica de un fracaso anunciado

El pasado año, una tercera parte de los dependientes reconocidos por la norma estaba a la espera de recibir un servicio o una prestación. Actualmente, aún más de 20.000 personas están desesperadas porque no reciben sus prestaciones. La mayoría presentaron la solicitud hace tres años. En caso de respuesta de la administración, se han dado episodios para todos los gustos.

En algunos casos, las ayudas llegan cuando el dependiente ha fallecido, y, en otros, la Generalitat otorga la prestación más barata o recorta las ayudas para reducir costes.

Durante toda la Legislatura, la consejera de Acción Social y Ciudadanía, Carme Capdevila, se ha escudado en la «complejidad» de la norma para justificar los retrasos de muchos casos estancados en el engranaje burocrático. Tras las múltiples tardanzas, incluidos los cinco meses que tardó en ponerse en marcha la ley, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña llegó a obligar a la Generalitat a pagar a un dependiente por la demora.

La gestión ha sido difícil y, además, ha provocado un enfrentamiento con el Gobierno. Capdevila se ha hartado de denunciar el incumplimiento por parte del Ejecutivo a otorgar los 18 millones de euros que le corresponden a Cataluña para el desarrollo de la ley. Al final, lo que se presentó como uno de los buques insignias en el campo del bienestar del Ejecutivo de Zapatero, ha tenido un efecto bumerán en la Generalitat. En octubre de 2008, el tripartito se llegó a plantear dar marcha atrás o reducir el número de beneficiarios porque no había dinero para cubrir a todos los dependientes.

La mayoría de las personas dependientes atendidas, un 53 por ciento, recibe la ayuda de una persona cuidadora, que es la prestación más barata, y el resto recibe un servicio.