El fiscal pide 303 años de cárcel para el principal acusado del «caso Kárate»

En esta causa se investiga los abusos sexuales que supuestamente cometieron durante años sobre más de 60 menores Fernando T.B., expresidente de la Federación de Kárate de Gran Canaria y exdirector de I+D de la Federación Española de Kárate, su novia y monitora de kárate María José G.P. y los monitores Ivonne G.H. y Juan Luis B.C.

En un escrito hecho público hoy, el Ministerio Público solicita que se declare a Fernando T.B. autor de 36 delitos de abuso sexual, 13 de corrupción de menores y uno de tenencia ilícita de armas.

Para María José G.P., la Fiscalía demanda 154 años de cárcel por 20 delitos de abusos sexuales y cuatro de corrupción de menores; para Ivonne G.H., 146 años de prisión por 19 delitos de abusos sexuales y cuatro de corrupción de menores, y para Juan Luis B.C., 18 años de cárcel por tres delitos de abusos sexuales.

Según la acusación pública, Fernando T.B. se valió, desde que inició su carrera deportiva, en los años ochenta, de "la ascendencia espiritual y emotiva"que le daba su condición de maestro para desarrollar con sus alumnos una "técnicas psicológicas de manipulación tendentes a obtener la sumisión de los menores hacia los que ha sentido algún tipo de apetencia fiscal".

Por estas vías, el procesado logró que sus alumnos "se plegaran a sus deseos lúbricos, en los que cabía cualquier tipo de práctica sexual", sin importarle "el género masculino o femenino"de su "víctima, ni mucho menos la edad de ésta", sostiene la Fiscalía.

Fernando T.B. "planteaba sus deseos sexuales como métodos de educación y mejora deportiva"y "en sus primeras etapas como depredador sexual se valió de la que entonces era su esposa, a la que utilizó en diversas ocasiones, bien como instrumento de aproximación hacia los jóvenes, bien como señuelo o cebo sexual".

Cuando se separó de ella, en los años noventa, "cambió de táctica"y se valió de los otros tres acusados, con los que ya había tenido contactos sexuales, para "establecer una auténtica red de captación de menores dedicados al mundo del kárate".

Estos menores eran derivados desde centros del Cabildo de Gran Canaria donde los otros tres procesados impartían clases como monitores al "centro de operaciones"de Fernando T.B., el gimnasio que regentaba y el chalé donde residía, ubicado en la Playa de Vargas del municipio grancanario de Agüimes.

El Ministerio Fiscal asegura que, al menos durante los últimos 15 años, en este chalé y "bajo el paraguas de supuestas concentraciones deportivas"se desarrollaron "auténticas orgías sexuales, donde los menores se debían prestar a cualquier tipo de actividad sexual con Fernando T.B."y sus "lugartenientes en los últimos años", las procesadas María José G.P. e Ivonne G.H.

Además de ello, en esas supuestas concentraciones deportivas los menores "eran inducidos a mantener las mismas prácticas con cualesquiera otros de los alumnos menores asistentes, sin distinción de edad, sexo o número de participantes".

Según el fiscal, el otro acusado, Juan Luis B.C., muy próximo a Fernando T.B. en la "pirámide jerárquica"que integraban los procesados en esta causa, no era un habitual de las concentraciones que tenían lugar en el chalé de Playa de Vargas.

Sin embargo, las conocía, porque estaba "imbuido del esquema de valores y prácticas sexuales implantado por su mentor"e incluso llegó a usarlas con varios alumnos para "consumar sus apetencias sexuales".

Los cuatro procesados se postulaban como "una suerte de familia alternativa en la que el visionado de imágenes pornográficas, el consumo de bebidas alcohólicas o de derivados del cannabis eran tolerados"y presentados a los menores como "un esquema de relajación moral, lo que favorecía la consecución de sus objetivos", afirma el fiscal.

Fernando T.B., que asumía la condición de "héroe o dios deportivo y espiritual de todo el colectivo, no dudaba en fomentar sentimientos de culpabilidad o fracaso"en los menores que se negaban "a cualquier práctica sexual".

En la investigación de la causa, el juez instructor identificó a 61 víctimas de este tipo de abusos sexuales.

El fiscal formula cargos por los 38 casos que considera probados y no prescritos.