Reválida en el Congreso contra los anuncios de sexo

«Queremos denunciar la hipocresía que supone que algunos medios de comunicación publiquen informaciones en favor de los derechos de las mujeres y en otras páginas incluyan anuncios que fomentan la prostitución y la trata». Con este espíritu acude hoy al Pleno del Congreso el diputado del Grupo Mixto, Carlos Salvador, en el que se debatirá una proposición no de ley de su grupo que insta al Gobierno a suprimir toda la publicidad institucional de los medios de comunicación que no renuncien a los ingresos de la publicidad de prostitución que, según un informe de una Comisión Parlamentaria, mueve en España alrededor de 40 millones de euros anuales.

Según explicó Salvador, de UPN, a LA RAZÓN, «queremos que éste sea un primer paso para buscar una solución a un problema que permite que los que negocian con la prostitución obtengan pingües beneficios. Hay que defender a la mujer de los que se lucran con este negocio».

«Desde nuestros puestos en el Congreso tenemos la obligación de trasladar cierta pedagogía a la ciudadanía, en un momento en el que el negocio de la trata está adquiriendo un tamaño preocupante. Hay que presentarle un modelo a la sociedad», explicó.

Salvador espera que la iniciativa no caiga en saco roto como ha ocurrido en otras ocasiones. En principio, y en vista de los movimientos y declaraciones realizadas en los últimos meses de todos los grupos con representación en la cámara, la proposición debería salir adelante. Lo que hay que ver es la forma y qué objetivos se persiguen.

El Partido Socialista, que ocupa la mayoría de los escaños, registró el pasado mes de junio otra proposición no de ley para acabar con este tipo de publicidad en la Prensa. Además, la lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual ha sido el caballo de batalla del Gobierno en la presente Legislatura.

En primer lugar, con la aprobación del llamado Plan contra la Trata; y, en segundo término, en la negociación con los actores implicados para lograr un acuerdo sobre la autorregulación. Con el paso de los meses, y ante la falta de consenso, Bibiana Aído dio un paso adelante al anunciar que había pedido un informe al Consejo de Estado sobre las alternativas legales disponibles para llevar a buen puerto sus intenciones. El informe está bajo la supervisión de Miguel Herrero de Miñón, uno de los padres de la Constitución.

El ejemplo de LA RAZÓN
A la petición de la titular de Igualdad, varios diarios como LA RAZÓN dieron un paso adelante en el combate de la trata de personas y en defensa de los derechos de la mujer y renunciaron a esta forma de financiación. Sin embargo, la mayoría continúa haciendo negocio con una publicidad que ha quedado demostrado en los últimos meses que es un instrumento fundamental para el negocio de las mafias de la trata de personas con fines de explotación. Una realidad que en nuestro país afecta mayoritariamente a mujeres, pero de la que no quedan exentos hombres y niños.

 La batalla iniciada por Aído, ha recibido el apoyo de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y de gran parte de sus compañeros de hemiciclo, tal y como ha quedado reflejado en los últimos meses en una encuesta realizada por LA RAZÓN, según la cual, el 80 por ciento de los políticos consultados era favorable a la supresión de estos anuncios.

El PSOE también instó al Gobierno para que tome medidas para que los medios se autorregulen y se logre su desaparición. Esta proposición podría unirse a la de UPN y ser debatida esta tarde.

En cambio, el PP quiere ir un poco más allá y exigir un compromiso del Gobierno. Carmen Quintanilla, vicepresidenta de la Comisión de Igualdad, anunció ayer que presentará una enmienda de adición en la que exige un compromiso a la vicepresidenta primera del Gobierno, Fernández de la Vega, para que «elabore un informe de alternativas y propuestas normativas con respecto de los anuncios de contactos sexuales», que «deberá ser coordinado con los diferentes ministerios implicados», en este caso los de Igualdad e Interior.

Control preventivo
En su enmienda, Quintanilla insta al Ejecutivo a «promover desde el Gobierno y las comunidades autónomas campañas de sensibilización social contra la explotación sexual y los soportes publicitarios vinculados». Y a «reforzar los mecanismos de control preventivo».

El PNV decidirá durante esta mañana en qué dirección se moverá su voto, pero en los últimos meses ha mostrado de forma reiterada su rechazo a esta forma de financiación. Uno de sus representantes, Joseba Aguirretxea, ha requerido en varias ocasiones a Aído en la Comisión de Igualdad cuáles son los planes del Gobierno con respecto a esta forma de publicidad y ha criticado que este tipo de información esté accesible para cualquier menor que consulte un periódico.

ERC es otra de las agrupaciones que ha presentado batalla en este campo. Su última maniobra se produjo el pasado 19 de julio, fecha en la que Joan Tardá solicitó al Ejecutivo en una proposición no de ley que no se subvencione ni se realice publicidad institucional «en aquellos grupos mediáticos que, desoyendo las recomendaciones de este Parlamento, realizan publicidad de la prostitución y hasta que no se proceda a la regulación de la prostitución y su publicidad».


Rechazo social unánime
Los anuncios de contactos en prensa no son del agrado de la sociedad española. Según una encuesta de NC Report, ocho de cada diez ciudadanos rechaza su presencia en los medios de comunicación, sobre todo, entre los encuestados de 30 a 64 años. La decisión de retirar la publicidad de prostitución de las páginas de los diarios ha sido valorada como muy positiva por el 88 por ciento de los españoles. Además, el 73,9 por ciento califica de obsceno o denigrante el contenido de estos anuncios que, según ocho de cada diez personas encuestadas, pueden caer en manos de algún menor.