Rajoy aprobará el jueves la flexibilización hipotecaria

MADRID- El Gobierno negoció ayer con el PSOE hasta bien entrada la noche la reforma hipotecaria que quiere que el Consejo de Ministros apruebe con carácter de urgencia, a poder ser este mismo jueves y vía Real Decreto, para que entre en vigor lo antes posible. La comisión técnica alargó el debate con el objetivo de perfilar una completa revisión de la normativa vigente y de las líneas maestras del Código de Buenas Prácticas Bancario, al que se adhirieron las entidades financieras en su práctica totalidad en marzo, pero que se ha demostrado insuficiente.

Las dos delegaciones trabajaron en Moncloa desde las cinco de la tarde, y finalmente lograron un «acuerdo sustancial», abierto a posibles cambios, del texto que será aprobado este mismo jueves –la reunión del Consejo de Ministros se adelanta por la Cumbre Iberoamericana–. La negociación, en cualquier caso, continuará, previsiblemente, hoy. El equipo del Gobierno lo encabezó el subsecretario de Economía, Miguel Temboury, y el socialista, la responsable de Economía de la Ejecutiva del PSOE, Inmaculada Rodríguez Piñeiro.

El Ejecutivo quiere que de esta mesa técnica salga una reforma que flexibilice las condiciones hipotecarias paras los colectivos más vulnerables, salvando el principio de la seguridad jurídica y sin poner en cuestión la máxima de que las deudas se tienen que pagar. Pero ante una situación excepcional como la presente, entiende que hace falta una respuesta también excepcional. Una de las propuestas que ha puesto encima de la mesa ha sido la de elevar el nivel de renta de lo que se entiende como exclusión social. Es decir, la horquilla que limita la posibilidad de beneficiarse de periodos de carencia (durante los que no se devuelve el capital prestado y a veces, los intereses) y otras ayudas hipotecarias que, en teoría, deberían ofrecer todas las entidades financieras.

Los límites del Código de Buenas Prácticas eran estrictos, por lo que han dejado fuera a familias con bajos ingresos. Y, además, no todos los bancos han aplicado con la misma holgura la flexibilidad que la ley actual ya les ofrece para ayudar al deudor que se ha quedado en una situación precaria por culpa de la crisis económica. Las entidades nacionalizadas han sido las que peor balance ofrecen: por volumen de hipotecas basura –dentro de una obsesiva estrategia expansiva para tener cuota de mercado fuera de su comunidad– y por ser menos generosas en líneas generales a la hora de mejorar las condiciones de las mismas mediante procedimientos de renegociación con el cliente. El Ejecutivo también ha llevado a la mesa de negociación medidas para corregir cláusulas y productos abusivos, y para facilitar el acuerdo mediante procedimientos de arbitraje. Siempre respetando –subrayan– el principio de seguridad para los acreedores.

Los socialistas, por su parte, han tomado como base de la negociación la proposición de ley que hace varias semanas registraron en el Congreso de los Diputados. Para avanzar en la solución, entraron en la reunión diciendo que aceptaban pactar un primer paquete de medidas paliativas para luego seguir negociando su propuesta.

A este problema también se refirió el ministro de Economía, Luis de Guindos, en el Parlamento Europeo. «Ninguna familia de buena fe se debe quedar sin techo como consecuencia de la crisis», sostuvo. De Guindos hizo esta declaración en su comparecencia ante la comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo, donde ha dado cuenta a los eurodiputados de las reformas del Gobierno para atajar el déficit excesivo y recuperar la senda del crecimiento y el empleo, informa Efe. «Desde el punto de vista del Gobierno, es imprescindible y de necesidad social que las familias no se queden sin su vivienda», dijo el ministro, quien añadió que hacia la consecución de esos objetivos «van a ir dirigidos los esfuerzos» del Ejecutivo. El ministro respondió así al eurodiputado catalán Raül Romeva (ICV), quien le interpeló sobre la política del Gobierno ante el «drama de los desahucios».