Comienza la recta final para el ATC

El Gobierno decidirá este verano la ubicación definitiva del almacén nuclear. Si no se construyera el depósito de residuos, habría que pagar a Francia 22 millones al año. 

Comienza la recta final para el ATC
Comienza la recta final para el ATC

La decisión sobre la ubicación definitiva del Almacén Nuclear Temporal Centralizado (ATC) toma la recta final después de que el Gobierno haya recibido las propuestas de los terrenos para construirlo por parte de los municipios. Todos ellos compiten por los 700 millones de euros y centenares de puestos de trabajo temporales y fijos que generará en los próximos 60 años. Un caramelo demasiado goloso que ocho ayuntamientos pertenecientes a Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Castilla y León y Extremadura no quieren dejar escapar.La Comisión Interministerial evalúa las propuestas para elaborar el informe de recomendación que elevará en las próximas semanas al Consejo de Ministros, según fuentes del Ministerio de Industria. Éste decidirá qué candidato se adjudica el ATC y el parque tecnológico e industrial de 30 hectáreas que llevará asociado. La decisión no debería demorarse más allá del verano, consideran estas fuentes.Cerca de 22 millones al añoY es que el tiempo apremia. A los 60.000 euros diarios reembolsables –casi 22 millones al año– que, de forma disuasoria, cobrará Francia por contrato a partir del 1 de enero próximo por conservar en su depósito de La Hague el combustible irradiado del reactor 1 de la central de Vandellós –cerrado en 1989 después de sufrir un incendio–, hay que sumar el coste que acarreará mantener los «pequeños ATC», denominados Almacén Temporal Individualizado (ATI) en las plantas de Trillo y Zorita (ambas en Guadalajara). Parte del combustible gastado de la central de Garoña (Burgos), que se encuentra almacenado en Reino Unido, también deberá volver a nuestro país. Sólo el año pasado, Nuclenor, su propietaria, pagó 13 millones de euros por este concepto.La de Zorita, primera central nuclear española y única en echar el cierre definitivo hace ahora cuatro años, actualmente se encuentra en proceso de desmontaje. Sus instalaciones a la orilla del río Tajo albergan los residuos de 40 años de actividad. Mientras no se disponga del ATC, su desmantelamiento nunca podría completarse. Similar es el caso de centrales más modernas. Sus piscinas aislantes –donde se guardan los elementos de uranio irradiado– están ya saturadas o cerca de hacerlo. Cuando se colmen, no quedará más remedio que habilitar más almacenes individuales. La de Trillo se llenó en 2003. Las de Ascó y Cofrentes lo harán en 2013. Para ese año está prevista, además, la clausura de la central de Garoña, que, a pesar de que el año pasado solicitó una autorización para funcionar durante una década más, el Gobierno socialista, decidido a acabar poco a poco con la energía atómica en España, sólo le concedió permiso para cuatro ejercicios.El futuro Almacén Temporal Centralizado está diseñado para albergar con total seguridad durante al menos un siglo –aunque la licencia inicial será por 60 años– las aproximadamente 7.000 toneladas de combustible gastado de los diez reactores –dos ya inactivos– de las siete centrales nucleares españolas, así como 1.900 metros cúbicos de escombros procedentes del desmantelamiento de instalaciones nucleares como Zorita, cuyas torres de refrigeración se están derribando en estos momentos.Afrontar los costesEn cuanto a las posibles dudas sobre la viabilidad económica de este proyecto, fuentes de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) aseguran contar con suficientes recursos propios para afrontar las obras de principio a fin. Los 700 millones provendrán del llamado Fondo para la Financiación de Actividades del Plan General de Residuos Radiactivos, que hasta abril de 2005 se financiaba a través de la factura de la luz que pagan los ciudadanos y, desde esa fecha, a través de tasas impuestas a las eléctricas propietarias de centrales. «Su modelo de financiación es independiente de los Presupuestos Generales del Estado», explican las fuentes. «Se nutre de la aplicación de tasas y tarifas que tanto las centrales nucleares como las instalaciones que, como ocurre con los hospitales, laboratorios e industrias, producen desechos radiactivos, están obligadas a pagar», señalan. El fondo cuenta en la actualidad con 2.532 millones de euros, con los que se financiará no sólo el ATC, sino el transporte de los residuos al depósito o el desmantelamiento de Zorita.El presidente de la Sociedad Nuclear Española, José Emeterio Gutiérrez, confirma que «la construcción del almacén no depende de los Presupuestos Generales del Estado ni de la deuda pública» y asegura que es la fórmula más «sencilla y barata» para depositar el uranio irradiado que, además, en el futuro se podrá «reprocesar, reciclar y volver a usar».Por su parte, el presidente de la patronal de la industria eléctrica (Unesa), Pedro Rivero, considera que el ATC supone «una buena solución». De hecho, «debería generar más envidias que tensiones», añade Rivero, en referencia a la férrea oposición manifestada por diversos sectores políticos y ecologistas en todas las provincias con municipios candidatos. A su juicio, el ATC ha levantado «una polémica incomprensible». «Yo lo instalaría donde tuviera amigos, porque es la solución de futuro; no entendería que quedara desierto» el concurso de adjudicación. Millones de euros gastados por no contar con un depósito para residuosA la espera del emplazamiento del ATC, ¿dónde se guardan los residuos nucleares de nuestras instalaciones?–Muchos de los residuos nucleares de España se encuentran dispersos por toda Europa. Por ejemplo, los excedentes de la central de Garoña se encuentran almacenados, desde 1983, en la British Nuclear Fuel Limited (BNFL). Se trata, concretamente, de 600 kilogramos de plutonio y 97 toneladas de uranio. ¿Cuánto cuesta este «alquiler» de almacenes nucleares? –En este caso, el Reino Unido lleva cobrando a nuestro país alrededor de 330.000 euros al año por mantener estos residuos. De esta forma, obtendríamos como resultado que España ha pagado casi 9 millones de euros al país vecino. Hasta que se construya el ATC, en 2005, la cifra superará los 10 millones de euros. ¿Existe dentro de nuestras fronteras algún tipo de silo?–El depósito de la antigua mina de uranio de El Cabril (Córdoba) acoge los desechos de baja y media radiactividad procedentes de hospitales y laboratorios, y del desmantelamiento de centrales en desuso. El combustible usado se guarda en piscinas aislantes dentro de las propias centrales y en almacenes en seco provisionales. ¿Por qué no se había estudiado el proyecto hasta ahora?–Lo cierto es que los distintos gobiernos, pese a contemplar el proyecto en sus respectivos Planes Generales de Residuos Radiactivos, fueron aplazando su decisión. El espaldarazo definitivo se produjo en abril de 2006, cuando el Congreso dio luz verde a la convocatoria de candidaturas para albergar el almacén nuclear. Ascó, Yebra y Zarra, favoritos en la carreraLos candidatos situados, a priori, en una situación más ventajosa serían Ascó (Tarragona), Yebra (Guadalajara) y Zarra (Valencia). ¿Los motivos? Los tres se encuentran en el área de influencia de centrales nucleares –en el caso de Ascó, dentro del mismo municipio y muy cerca del casco urbano–, y cuentan además con un firme apoyo de los consistorios y de gran parte de los vecinos. Sin embargo, después de las votaciones en contra en los parlamentos autonómicos de Barcelona y Toledo, sólo el Ayuntamiento valenciano goza del apoyo implícito de su Comunidad, uno de los aspectos que el Gobierno central deberá tener en cuenta, a tenor de la resolución aprobada por el Congreso que le insta a considerar también la postura de los gobiernos autonómicos. En este sentido, desde Enresa aseguran que la decisión es ya una «cuestión política de alto nivel», porque, en principio, «todos los candidatos son considerados aptos».A lo largo de esta carrera por el ATC, hay que destacar también el accidentado episodio protagonizado por el municipio de Torrubia de Soria, un candidato que se quedó fuera en el último momento. Su alcaldesa, la «popular» María de los Ángeles Delso, dimitió de su cargo después de recibir amenazas de muerte, según aseguró, por promover la candidatura de su municipio. Delso afirmó que había recibido llamadas en las últimas semanas desde una cabina pública. Finalmente, el hecho de que la zona fuera reconocida como Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA) produjo que el municipio de Torrubia fuera excluido de la terna de candidatos.