Una señal de responsabilidad por Valentín Bote Álvarez-Carrasco

La recuperación de la confianza internacional en la economía española requiere, por parte de nuestros gobernantes, de señales inequívocas. Y una magnífica oportunidad para mostrar al resto del mundo la seriedad de un Gobierno comprometido con la disciplina es la presentación de un anteproyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado que rebose austeridad y realismo. Y por lo que se conoce del anteproyecto, aprobado el viernes por el Consejo de Ministros, parece que se camina por la senda correcta del saneamiento de las cuentas públicas, aunque incluya medidas duras e impopulares de ajuste, las cuales, analizadas con frialdad, se antojaban inevitables.

El escenario macroeconómico descrito es muy complicado para la economía española en 2013, con una caída del PIB de un 0,5%, lo que implica mantener la situación de recesión hasta mediados del año próximo, al menos. Asimismo, se prevé un descenso de la tasa de paro de tres décimas –desde el 24,6% previsto para 2012 hasta el 24,3%–, lo que, si se tiene en cuenta que se prevé una leve destrucción de empleo de un 0,3%, apunta la idea de un descenso de la población activa.

En dicho escenario, el Gobierno pretende reducir el déficit público desde el 6,3% hasta el 4,5% del PIB en 2013, del que 3,8 puntos corresponderían a la Administración central y Seguridad Social y 0,7 puntos a las comunidades autónomas. Este fuerte ajuste del déficit en sólo un ejercicio requiere simultáneamente de medidas drásticas de control del gasto y de aumento de ingresos.

Una fuerte reducción del gasto en unos presupuestos generales, aunque la demagogia interesada habla de derroches milmillonarios, no es tan sencilla, puesto que el grueso de los mismos responde a compromisos que resulta muy doloroso recortar. El grueso del gasto público en unos Presupuestos Generales del Estado no son los coches oficiales, sino las pensiones, las prestaciones por desempleo, el sueldo de los funcionarios y el servicio de la deuda. ¿Por dónde empezamos a recortar? ¿A que así planteado no resulta tan fácil?
El ejercicio se complica, además, si hay un incremento ineludible del gasto. El único gasto intocable no es el social –pensiones, desempleo, etc.– sino el servicio de la deuda. Y lamentablemente por errores del pasado, nos veremos obligados a destinar 38.590 millones en 2013 –casi 1 de cada 4 euros del gasto del Estado– a pagar intereses de la deuda pública, 9.742 millones más que en 2012. Y ésta es la única partida absolutamente intocable, la del pago de nuestras deudas.

Para reducir el gasto en su conjunto y compensar la subida mencionada, así como la de la partida de pensiones, el Gobierno ha previsto una reducción del gasto de los ministerios de un 8,9% y de los gastos de personal de un 3,9%, pero no reduciendo el sueldo a los funcionarios, sino congelando la oferta de empleo público y estableciendo una tasa de reposición de sólo el 10% de aquellos puestos que queden vacantes.
Por supuesto, el ajuste no es posible en tan corto plazo sin subir impuestos. Y en este capítulo, además del gravamen a los premios de lotería superiores a 2.500 euros, se prorroga el impuesto del Patrimonio –un impuesto anacrónico y ejemplo típico de doble tributación– y en el de Sociedades, se permitirá una actualización de balances sometida a una tributación del 5%, mientras que se limitará la deducibilidad fiscal de las amortizaciones del inmovilizado material realizadas por grandes empresas. El Gobierno prevé, además, una mayor recaudación por IRPF, fruto de la subida del impuesto y de la nuevamente eliminada deducción por inversión en vivienda habitual para los nuevos compradores. Finalmente, el Gobierno prevé que la recaudación de IVA aumente un 13,2% respecto a 2012.
En definitiva, los Presupuestos Generales del Estado para 2013 son un ejercicio de responsabilidad en el ajuste del déficit público. Pero como no puede ser de otra manera, cuando es necesario afrontar un ajuste tan duro en tan poco tiempo no caben medidas suaves e indoloras, aunque tuviesen mayor sentido económico en un contexto de medio y largo plazo, sino que es preciso reducir gastos en partidas sensibles para los ciudadanos y subir impuestos, lo que no gusta a nadie. Estoy convencido de que tampoco al Gobierno, pero las circunstancias no permiten otra opción.
 

Valentín Bote Álvarez-Carrasco
Profesor de Teoría Económica. Universidad Autónoma de Madrid