Morales también amordaza por ley a la prensa libre

La Asamblea Legislativa, controlada por el presidente Evo Morales, aprobó ayer una nueva ley de telecomunicaciones que deja en manos del Estado, los indígenas y los movimientos sociales el control de dos tercios de los medios audiovisuales del país. El sector privado y comercial dominaba el espectro electromagnético con más del 90% de las licencias de funcionamiento, pero con la nueva ley reducirá su participación al 33%. El Estado tendrá 33% de las frecuencias, los pueblos indígenas accederán al 17% y los movimientos sociales o sindicatos el otro 17%.

Los opositores y las radioemisoras privadas creen que el Gobierno de Evo Morales terminará controlando el 67% de las frecuencias porque, sostienen, los indígenas y los sindicatos son afines al Gobierno. Además, aseguran que, como carecen de recursos, sólo podrán montar medios de comunicación con dinero y control estatal. Los críticos de la norma acusan al Gobierno de Morales de pretender crear un monopolio comunicacional, no sólo en las frecuencias, sino también en los contenidos. Por el contrario, los promotores de la ley aseguran que se democratizará la comunicación en Bolivia y se ordenarán las frecuencias.

Además, la ley aprobada generó otra polémica porque abre la posibilidad de violar las comunicaciones privadas en casos extremos. «Cuando esté en riesgo la seguridad del Estado, se podrá poner en suspenso este derecho, esta garantía de la inviolabilidad de las comunicaciones», explica el senador opositor Bernard Gutiérrez. Pero el criterio podría ser subjetivo. Según el presidente del Senado, René Martínez, eso sucederá «sólo en casos extremos», mientras que la ley habla de «casos de emergencia y seguridad del Estado». ¿Pero qué se entiende por extremo? Además, la ley obligará a los medios a ponerse en cadena nacional para difundir mensajes presidenciales.

El presidente de la Asociación Boliviana de Radiodifusoras (Asbora), Raúl Novillo, se declaró «sumamente preocupado y en estado de emergencia» porque de las 680 radioemisoras registradas en Bolivia tendrían que cerrar unas 400 para ajustarse a los nuevos porcentajes de distribución de licencias. Desde que asumió el poder, el Gobierno de Morales ha aumentado sustancialmente su participación en el mercado de la comunicación. El actual Gobierno indigenista abrió más de 30 radioemisoras comunitarias con financiamiento venezolano, fortaleció la red de radio Patria Nueva y el canal estatal Bolivia TV.

En Ecuador, la fecha del debate para votar la ley de medios todavía no se definió, aunque se espera que sea en las próximas semanas. En Argentina finalmente fue aprobado en el Senado el proyecto de ley después de que se le realizaran más de 100 modificaciones. La nueva regulación perjudica al principal grupo opositor del país, el grupo el Clarín. En Venezuela, faro de luz para los bolivarianos, Hugo Chávez promulgó el año pasado la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, que prohíbe «la transmisión de mensajes que puedan incitar y promover al odio y la intolerancia por razones políticas», en otras palabras, hablar mal de él.