La Fiscalía archiva la denuncia del PP sobre el patrimonio de Bono

«No hay prueba, ni directa ni indiciaria, que permita aseverar que se han cometido los delitos a los que se alude en la denuncia, lo que se acredita a través de la documental, consistente en las correspondientes certificaciones de la Consejería de Economía de Castilla-La Mancha, en las que se manifiesta que ni la empresa Reyal Urbis S.A. ni la denominada Retiro Construcciones S.A. han sido adjudicatarias de contrato alguno ni han recibido cantidad alguna como ayuda o subvención de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha». Esta es la conclusión a la que ha llegado la Fiscalía del Tribunal Supremo en su investigación sobre el patrimonio del presidente del Congreso, José Bono, y lo que ha determinado que haya decretado el archivo de las diligencias de investigación abiertas.En el decreto del teniente fiscal del Supremo, Juan José Martín Casallo, se parte de que la prueba esencial «de sus insinuaciones» aportada en la denuncia del PP consistía en «mera fotocopias de periódicos» y se concluye, en cambio, que no se ha acreditado «que haya habido entrega de dádiva o regalo, y, consecuentemente, tampoco que haya habido contraprestación por parte del denunciado», José Bono.Alta capacidad de ingresosLa Fiscalía pone de relieve, a la vista de la documental analizada, que Bono y su mujer tenía una capacidad importante «de generar ingresos», que puede considerarse como «muy alto» si se atiende «a las ganancias generadas por los mismos durante el año 2008, a la cuantía aproximada de un millón de euros». Esta circunstancia justifica «una alta capacidad de endeudamiento, de la que son prueba las dos hipotecas constituidas para garantizar una deuda global de 903.989 euros».Por tanto, sostiene el fiscal, no se trata de «incrementos patrimoniales no justificados» ni el resultado de actividades ilícitas. En cambio, los bienes del matrimonio tienen como causa dos fuentes distintas de adquisición, «ambas igualmente lícitas»: los adquiridos como herencia recibida de los padres de Bono y los generados por sus actividades profesionales.En definitiva, concluye la Fiscalía, «lo que sería sospechoso en personas que generan pocos ingresos, se torna en normal ante el volumen económico que produce cada cónyuge por separado».Posteriormente, el Ministerio Público analiza uno a uno los hechos denunciados. Así, sobre las relaciones de Bono con el constructor Francisco Hernando, «El Pocero», se sostiene que no se han acreditado las imputaciones realizadas. Así, en cuanto a las obras que realizó en la hípica, en la que consta que tiene 80 participaciones, «nunca la empresa que las realizó ha mantenido que existiera trato de favor en la ejecución de las mismas». En cuanto a las construcciones realizadas por «El Pocero» En Seseña (Toledo), «tampoco ha quedado demostrado actuación irregular» de Bono.