Un jurista ve legítimo esperar al TC antes de aplicar la «ley Aído»

Unos opinan que la ley no debería aplicarse hasta confirmar su constitucionalidad cuando el alto tribunal decida sobre los recursos, ya que la aplicación lleva consigo 317 vidas interrumpidas cada día, consecuencia a todas luces irreversible. Otros dicen que la norma aprobada por las Cortes es de obligado cumplimiento desde el momento que entra en vigor.Daño irreparableAyer, se pronunció al respecto el vicedecano de Derecho y director de la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), Francisco de la Torre Olid, que afirmó que la medida de abortar es «tan grave» que produce un «serio reparo que es legítimo esgrimir para estar a resultas del pronunciamiento especial y anticipado del TC». De la Torre, que es Master en Derecho Sanitario y Bioética, explicó que «sólo basta pensar que, si la ley es inconstitucional, el daño hasta la sentencia es gravísimo e irreparable». Aunque matizó que es «complicado en técnica jurídica evitar el cumplimiento de la ley aunque sea temporalmente», también dijo que hay «argumentos serios y razonables» que avalan la postura de quien se separa del cumplimiento de la norma, informa Ep.El jurista cree que es «seguro» que el texto puede merecer ser declarado inconstitucional, porque «no puede ser un derecho subjetivo de una persona eliminar una vida», pues eso va contra «el cuadro de valores superiores de nuestro Ordenamiento» que, en el artículo 15 de la Constitución garantiza la vida para todos, «también para el nasciturus», y añadió: «más si la tradición del sistema habla siempre de interpretar toda norma en favor del nasciturus como, por ejemplo, los artículos 29 y 627 del Código Civil».Mientras, la ministra de Igualdad aseguró también ayer que la postura de algunas Comunidades Autónomas de no aplicar la ley del aborto «es propio de un partido marginal y antisistema». Añadió, además, que «las leyes emanan de la soberanía popular y, por tanto, nadie puede decir que no va a cumplirlas». Objeción de concienciaLa Asociación Nacional para la Defensa del Derecho a la Objeción de Conciencia denunció ayer que muchos médicos de Atención Primaria están recibiendo de la Administración Sanitaria –y, ocasionalmente, de sus Colegios de Médicos– el mensaje de que no tienen derecho a la objeción respecto al aborto, informa Efe.La ley señala que podrán objetar los profesionales «directamente implicados» en el aborto y que habrán de manifestar su postura anticipadamente. La citada asociación recalcó que «la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios al aborto es un derecho fundamental, reconocido por los Tribunales, que no precisa regulación para ser ejercido».