Garzón vuelve al banquillo por investigar el franquismo

MADRID- El pasado jueves, Baltasar Garzón abandonaba el Tribunal Supremo tras reiterar su inocencia en el juicio por ordenar grabar las conversaciones de los imputados del «caso Gürtel» con sus abogados. Mañana, apenas cinco días después, volverá a la misma Sala, a defender ante siete magistrados que no prevaricó cuando asumió la competencia, y cesó posteriormente en ella, de las investigaciones por las desapariciones de las víctimas del franquismo y a contar, también en esa ocasión, con el respaldo del Ministerio Fiscal. A diferencia del primer proceso, donde las muestras de apoyo en las inmediaciones del TS no fueron tumultuosas, esta vez se prevé una asistencia masiva para respaldarle en ese trámite.

En esta ocasión, ha sido la querella interpuesta por el colectivo de funcionarios Manos Limpias, como acción popular, la que dio origen al inicio de esta causa. En su escrito de acusación, ejercida conjuntamente con la asociación Libertad e Identidad, solicita para Garzón 20 años de inhabilitación por un delito de prevaricación.

La instrucción de la querella, tras ser admitida a trámite por la Sala Penal, correspondió al magistrado Luciano Varela. Tras realizar todas las diligencias oportunas, el 7 de abril de 2010 dictó auto de apertura de juicio oral, al entender que existían indicios suficientes del delito.

En esa resolución, el magistrado destacaba que Garzón era plenamente consciente de que no tenía competencias para asumir tal investigación, a pesar de lo cual intentó «asumir el control de las localizaciones y exhumaciones de cadáveres» víctimas de la represión franquista, dentro de un proceso penal «cuya artificiosa incoación suponía desconocer principios esenciales del Estado de Derecho, como de los de legalidad penal e irretroactividad de la ley penal desfavorable, además de implicar el desconocimiento objetivo de las leyes democráticos aprobadas», en referencia a la Ley de Amnistía. Pese a su «consciente» falta de competencia y de que los hechos denunciados no tenían relevancia penal en esos momentos. El acusado, en cambio, «construyó una artificiosa argumentación para justificar su control del procedimiento penal que incoó». Esta resolución la confirmó el juez Varela el 12 de mayo, en un auto donde reprochaba duramente a Garzón por «tratar de justificar su irresponsabilidad penal en el pretendido objetivo de favorecer a las víctimas de la Guerra Civil». A la vez, insistía en que no podía abrir un proceso penal cuando existen normas, en especial la Ley de Memoria Histórica, que intentan ofrecer reparación a las víctimas del franquismo.

El jueves, cita de Blanco con el juez
El ex ministro de trabajo y actual diputado por Lugo José Blanco acudirá el jueves para declarar ante el juez José Ramón Soriano, en relación con la llamada «operación Campeón». En esta investigación se trata de determinar si Blanco pudo incurrir en los delitos de cohecho y tráfico de influencias. El empresario Jorge Dorribo le acusa de haber hecho gestiones en su favor a cambio de dinero, lo que es negado de plano por el ex titular de Fomento.