El retraso de la «Ley Sinde» costará 2560 millones

La llamada «Ley Sinde» está a punto de batir el récord de la Ley de Cine (con su orden ministerial, su reglamento, su freno en Bruselas...) como asunto cultural pendiente más longevo en la cartera del Gobierno. Primero fue el largo año de negociación entre la industria cultural y los operadores de telefonía para lograr un código de autorregulación, que fracasó; luego la pelota quedó en el tejado de los Ministerios de Cultura e Industria; más tarde se encargó una comisión interministerial que finalmente adosó a la Ley de Economía Sostenible una disposición adicional (conocida como «Ley Sinde») en la que se regulaba el asunto. Se proponía un proceso exprés para que un órgano administrativo, la Comisión de Propiedad Intelectual, consultara con un juez el cierre de páginas webs que se lucran con material protegido.

La lentitud del asnoEl proyecto entró en el Congreso el pasado 30 de marzo, pasó por la mesa el 6 de abril y, desde que comenzara el proceso de presentación de enmiendas, ha sufrido ocho aplazamientos. El último ayer, lo que en la práctica implica que no se debatirá en el actual periodo de sesiones, es decir, que, como muy pronto, se someterá a votación a mediados de septiembre. Y eso, a pesar de que ayer mismo el sector videográfico presentaba 40.000 firmas para que sus señorías legislaran con celeridad. La petición llegó a lomos de un burro, que además de metáfora de eDonkey (asno en inglés y nombre de uno de los programas de intercambio de archivos más populares en la red, pero también «representa la lentitud con que están tratando el problema de la "piratería". Ya en 2005 se creó una comisión en la que estaban once ministerios. Nos encontramos un lustro después. Hoy, además de música, vídeo y cine, el problema afecta a los editores, y somos la cuarta potencia mundial en este sector», denuncia Carlos Grande, responsable de la Asociación Nacional de Empresarios Mayoristas del Sector Videográfico (Anemsevi). Sólo en dicho sector han cerrado 5.000 empresas y se han perdido 40.000 puestos de trabajo. Si estuviéramos al nivel de 2003, cuando facturábamos lo mismo que el cine, este año habríamos recaudado (seguridad social, IRPF, impuesto de sociedades...), en torno a 500 millones de euros para el Estado. Es una absoluta locura», denuncian. Las cifras son espeluznantes al tener cuenta todo el mercado. Si la medida tarda tres meses más en aprobarse, como ayer se constató en el Congreso, eso se traducirá, al menos, en 2.560 millones de pérdidas, según la tendencia que apunta el Primer Observatorio de «piratería» encargado por la Coalición de Creadores, que establecía una tasa de contenidos «piratas» en nuestro país del 76 % . La cifra podría ser incluso mayor, porque la tasa se eleva en el sector del libro cada mes, a medida que se van popularizando los diversos sistemas de lectura digital. Desde esta institución, que agrupa a las industrias del sector, se toman con resignación el retraso: «Lamentablemente, nos lo íbamos imaginando, tal y como se va desarrollando el proceso», declara Andrés Dionis, director de la Coalición de Creadores. La ventaja de incluir esta disposición adicional en la Ley de Economía Sostenible era que entraba a formar parte de la propuesta estrella del Ejecutivo en aquel momento. La desventaja, como señala la Coalición, es que «se trata de una ley paraguas en la que se están discutiendo otros muchos temas de gran importancia». La única esperanza de esta industria es que la Comisión de Economía cuenta con potestad legislativa como para aprobar una enmienda transacional, en el caso de que haya acuerdo previo, sin pasar por el pleno. Un pacto al que, en este instante, no se sumaría el PP. Según cuenta el popular José María Lassalle, su grupo ha enmendado también esta disposición adicional, pues solicitan «la judicialización de todo el proceso y no sólo al final como está previsto por el Gobierno». Para los populares esto no retrasaría el proceso de cierren de las webs infractoras, que vendría a durar unos cuatro días, y contaría con una garantía judicial plena. Para Lassalle, la desprotección en que se encuentra el sector ahora es fruto de la negativa del Ejecutivo de incluir estas medidas en una reforma la Ley de Propiedad Intelectual, como le sugirió la Comisión de Cultura del Congreso. «Confíabamos en que la medida comenzara a aplicarse a principios de 2011, con este retraso no decimos que sea imposible, pero nos parece mucho más difícil», indica Dionis. El engranaje burocrático del Estado obliga a que después de que se apruebe la ley, si es que el Gobierno encuentra apoyos para ello, haya que redactar un reglamento que la desarrolle pormenorizadamente. Posteriormente habrá que elegir a los miembros de la Comisión de la Propiedad Intelectual, adscrita al Ministerio de Cultura, pero que debe contar con miembros de otros departamentos, así como representantes de la industria cultural y de las operadoras. Mientras tanto, las más de doscientas webs de la lista negra seguirán facturando este verano.

Un cine «enfermo»El director del Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales (ICAA), Ignasi Guardans, minimizó ayer el impacto de los recortes presupuestarios aprobados por el Ministerio de Cultura para ayudas al cine español: «Sólo hay un recorte que sencillamente afectará a las películas que tengan éxito comercial», dijo con la intención de ser «transparente». Durante la presentación de Madrid de Cine, un Screening que tiene el objetivo de exportar las películas de factura nacional, Guardans reivindicó «el talento del cine español», si bien admitió que «tiene que aprender a venderse mejor». Por su parte, el presidente de la federación de productores Fapae, Pedro Pérez, puso de relieve que el cine patrio «tiene más espectadores fuera de España que dentro», hasta alcanzar el 4% del mercado mundial de cinematografía. Este hecho, para Guardans, es una muestra de que hay «algo enfermo en el esquema industrial y en la vida comercial de las películas» cuando éstas gustan más en el extranjero. Por último, sobre el «test cultural» que impone Bruselas para la concesión de ayudas, dijo que todos los estrenos de los últimos años habrían pasado el filtro al aplicársele esas normas.