Salgado declara la guerra a los sanitarios

MADRID- Médicos y enfermeros han desenterrado el hacha de guerra, debido a la intención del Ministerio de Economía de suprimir la colegiación obligatoria de los profesionales sanitarios que desempeñan su actividad en el sector público. La Ley de Servicios Profesionales que prepara actualmente el departamento que dirige Elena Salgado –antigua ministra de Sanidad–, no cuenta todavía con un texto definitivo pero sí parece claro que pondrá su punto de mira en profesionales liberales como ingenieros o sanitarios.

Especialmente críticos con la futura norma son la Organización Médica Colegial (OMC) y el Consejo General de Enfermería (CGE), responsables de los dos colegios profesionales más afectados por los cambios regulatorios, y que ven en la ley, una amenaza que podría llegar a debilitar su estructura sobremanera, a pesar de que señalan que su fortaleza no se vería mermada por la medida. Por contra, el objetivo del Ministerio de Economía es reforzar e impulsar la competitividad del conjunto de las empresas españolas mediante el fomento de la competitividad de miles de profesionales liberales.

«Economía miente»
Según Máximo González, presidente del CGE, Economía se escuda en que la colegiación es voluntaria en muchos otros países, hecho que señala como rotundamente falso. «No hay ni un solo país que funcione así, es una situación anómala a nivel mundial», afirma. «De salir adelante, España se convertirá en el único país del mundo donde el empleador de los profesionales sanitarios sea quien imponga el criterio deontológico y ético a seguir, en lugar de las organizaciones colegiales independientes y democráticas», señala González. «Si se pertenece a la profesión hay que regirse por los requisitos de la profesión, es decir, la colegiación, independientemente de que se trabaje en la sanidad pública o privada», apunta el máximo responsable del CGE.

La misma opinión es compartida por el presidente de la OMC, Juan José Rodríguez Sendín, que califica de errónea la posición del Gobierno y llega incluso a dudar de la constitucionalidad de la futura ley. A su juicio, de generalizarse a nivel estatal situaciones como las que se dan actualmente en regiones como Andalucía, Asturias, Canarias o Extremadura, donde la colegiación no es obligatoria –está pendiente de resolución por parte del Tribunal Constitucional– supondría un riesgo para el paciente y una pérdida de calidad del sistema. «Tendríamos unos médicos obligados a respetar unas normas deontológicas y otros que no. Lo que quiere la Administración es ser ella quien regule la ética». Según la OMC, esto implicaría que un médico o una enfermera no podría negarse a hacer algo aunque consideren que es inseguro para la salud de sus pacientes.

El proyecto de ley, que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, había circunscrito al ya pasado primer trimestre de este año, desarrolla una resolución del Parlamento Europeo para dinamizar las economías nacionales liberalizando determinados servicios. No obstante, esta medida sería contraria a una directiva europea, pues ha sido la propia Unión Europea la que ha excluido a la sanidad de la aplicación de esta resolución por el riesgo que esto supondría para la seguridad de los ciudadanos.

Desde la OMC y el CGE aseguran que la propia ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, apoya la postura de las organizaciones colegiales, en contra de las intenciones del Ministerio de Economía. De hecho, la propia Pajín ya ha señalado en varias ocasiones el respaldo de su departamento a la colegiación obligatoria para estas profesiones. No obstante, fuentes sanitarias dudan de la capacidad de la ministra y de su peso político para ser capaz de variar las aspiraciones de la cartera que dirige Elena Salgado. Por si quedase alguna duda de la división existente en el seno del Ejecutivo, Ramón Jaúregui, ministro de la Presidencia, confirmó a los presidentes de los consejos colegiales de médicos y enfermeros las divergencias de criterio entre Salgado y Pajín, durante la reunión que mantuvieron el pasado mes de marzo.

Por su parte, y en contra de lo previsto en el proyecto de Ley de Servicios Profesionales, el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, anunció hace unas semanas que el programa de su partido para las próximas elecciones incluirá la colegiación obligatoria para los profesionales sanitarios del sistema público.

«Situación peligrosa»
Desde las organizaciones colegiales demandan una reflexión profunda y sosegada para una ley de envergadura que afecta a miles de personas, más aún teniendo en cuenta que nos aproximamos al final de la legislatura. «Estamos deseosos de que las reglas del juego queden definidas para siempre, sea en el sentido que sea», apuntan. Ambos colectivos alertan de que se trata de una situación «especialmente peligrosa» dado el actual escenario de crisis que atraviesa el sistema. Rodríguez Sendín cree que la aplicación de esta iniciativa tendrá graves consecuencias, más aun en un contexto de recortes como los que ya sufren en Cataluña, y «que podrían empezar a darse también en el resto de comunidades autónomas» tras las elecciones autonómicas y municipales del próximo 22 de mayo.

Los ingenieros también protestan
- La colegiación no es exclusiva del personal sanitario. Otras profesiones también han reaccionado negativamente ante el documento oficioso del ministerio de Salgado que termina con estas instituciones.
- Manuel Acero, presidente del Instituto de Ingeniería de España, es uno de los firmantes de una carta que su sector envió a la ministra. «Eliminar los colegios es un error mayúsculo. No sólo va a devaluar el trabajo de los ingenieros, sino que la calidad de las infraestructuras peligra», asegura. Tanto él como otros expertos están atónitos ante la iniciativa y han enviado numerosas propuestas de reforma del anteproyecto de ley, sin recibir respuesta, informa Belén V. Conquero.