Cáceres

Dos agresiones a profesores condenadas a un año de cárcel

La Razón
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Mérida- Dos sentencias en Cáceres y Málaga, conocidas ayer, coincidieron en uno de los problemas más acuciantes que señalan los educadores: la violencia contra el profesorado. El Juzgado de lo Penal Nº1 de Plasencia (Cáceres) ha condenado a un hombre a un año y dos meses de prisión como autor de un delito de atentado contra el profesor de su hermana, al que agredió el 30 de noviembre de 2007 cuando éste salía del Instituto de Enseñanza Secundaria Jalama, de la localidad de Moraleja.El condenado por este delito, cometido contra un funcionario público, deberá además indemnizar al agredido con 5.310,24 euros y pagar una multa por las lesiones ocasionadas de 330 euros. El auto también contempla una pena de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.Según explica la sentencia, los hechos son constitutivos de «un delito de atentado a funcionario público», previsto y penado en el Código Penal. «Una figura penal a través de la cual se trata de proteger el principio de autoridad que representan quienes ejercen funciones públicas u oficiales, cuando se encuentran en el ejercicio de las mismas», explica el auto.En cuanto a los hechos, según explicó la Junta de Extremadura, éstos se produjeron cuando el acusado se dirigió al profesor de su hermana, a la salida del instituto, para pedirle explicaciones sobre el trato para con su hermana: En ese momento, se «lanzó contra el profesor y le propinó un puñetazo que le alcanzó la mejilla izquierda». Una agresión que «generó en el profesor un estado de ansiedad y como secuela psíquica le quedó síndrome ansioso».Mientras, el Juzgado de lo Penal número 1 de Málaga ha condenado también a un año a una mujer por un delito de atentado a la autoridad por dar un manotazo a la directora del Instituto de Enseñanza Secundaria donde estudiaba su hijo. Del mismo modo, la amenazó e insultó. Además, impone una indemnización de 600 euros por daños morales. Los hechos ocurrieron en 2007 cuando la acusada fue al instituto para pedir explicaciones sobre la situación de su hijo, informa Ep.