El galimatías judicial de ETA por Carmen Gurruchaga

La ilegalización de Bildu no se ha producido y, en cambio, el Tribunal Constitucional ha legalizado Sortu, la misma formación a la que, en marzo de 2011, el Supremo impidió que fuera inscrita en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior porque, en su opinión, «era la sucesora de Batasuna». Este desajuste entre Supremo y Constitucional siembra el desconcierto a cualquier ciudadano, aunque en España, desafortunadamente, resulta habitual pues ya en las municipales de 2011 se vivió una situación idéntica con Bildu. «Si durante estos 12 meses no se ha renovado a los miembros del TC, pese a que algunos de ellos llevan varios años con el mandato caducado, lo lógico es que el resultado final haya sido el mismo, ya que la mayoría de sus miembros fueron nombrados por el PSOE y la legalización de la izquierda abertzale había sido pactada entre ésta y el anterior Gobierno socialista. Pero en esta ocasión, el Constitucional ha tenido mucho cuidado al elaborar el auto y no ha examinado prueba por prueba para evitar la acusación que recibió con Bildu de haberse extralimitado en sus competencias. En el texto dado a conocer ayer, simple y llanamente afirma que es suficiente con que los estatutos de Sortu establezcan un claro rechazo a violencia y que esta aseveración rotunda contrarresta cualquier otro elemento de convicción. Así que ¡para qué hablar de la sinceridad o no de sus dirigentes! En cualquier caso, es por lo menos insólito que por un mismo hecho: pertenecer al entramado político de la izquierda abertzale bajo unas siglas u otras, haya quien esté procesado, condenado o sea un cargo electo, incluido el alcalde de San Sebastián o presidente de la Diputación de Guipúzcoa. En fin, un incomprensible dislate de la Justicia.