Un informe del ex interventor implica a Griñán en los ERE falsos

SEVILLA- Los principales partidos reaccionaron ayer al escrito remitido por el interventor general de la Junta entre 2000 y 2010, Manuel Gómez, a la comisión de los ERE y del que informó el diario «El Mundo». En este escrito, el encargado del máximo órgano de fiscalización de la Junta durante el tiempo en el que se produjeron las irregularidades de los ERE fraudulentos señala, en clara respuesta al presidente andaluz, José Antonio Griñán, que fue él el que debió «coger el extintor» para apagar el fuego que se estaba produciendo. Aunque no estuviera obligado legalmente, sí hubiera sido «oportuno», dice el interventor, que Griñán hubiera actuado.

Hay que recordar que Gómez, como interventor general, emitió reiterados informes, tanto al consejero de Empleo, como al de Hacienda y al director general del IFA –el ente pagador de las ayudas y prejubilaciones– alertando de que el Gobierno andaluz estaba llevando a cabo un procedimiento que causaba serias disfunciones. En el informe especial del ejercicio 2003, alertó de que Empleo estaba «prescindiendo de forma total y absoluta del procedimiento administrativo establecido» y que el modelo elegido, la transferencia de financiación, estaba generando que partidas quedaran fuera de la cobertura presupuestaria. Sólo en 2003, este desfase se elevaba a 38 millones de euros.

El asunto salpica a Griñán porque fue destinatario de los avisos al ocupar la Consejería de Economía y Hacienda entre 2004 y 2009. El argumento de Griñán durante todo este tiempo ha sido doble. Que la Intervención no detectó menoscabo de fondos públicos, y por eso no emitió un informe de actuación, que hubiera encendido todas las alarmas; y que nunca leyó los informes al no darle traslado su entonces «número dos», la ahora consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo. Cuando Griñán fue cuestionado en la comisión parlamentaria de los ERE acerca de estos informes, se parapetó en que el interventor, si detectó fuego, debería «haberlo apagado». Sus palabras se interpretaron entonces como un claro ajuste de cuentas con el ex interventor general Manuel Gómez. Y en este contexto hay que interpretar el último escrito remitido a la Cámara autonómica.

El presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido, tachó de «gravísimo» el nuevo documento remitido por el ex interventor general y urgió al presidente de la Junta a «valorar» y dar «explicaciones» al respecto por «volver a apuntarle» en este caso. «Una vez más, está apuntado a la persona que hoy por hoy es presidente la Junta», así como a «quienes también fueron en su momento titulares de la Consejería de Hacienda, como la señora (Magdalena) Álvarez y ahora (Carmen Martínez) Aguayo», deslizó.

El PSOE-A expresó su «extrañeza» por el nuevo documento y señaló que la Intervención «observó irregularidades en el procedimiento, pero nunca ilegalidades». Por su parte, el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, no quiso entrar a valorar el documento, si bien apuntó que Gómez tuvo la oportunidad de exponer su opinión en el seno de la comisión.
IU, sin embargo, fue muy crítica con Griñán durante la fase de comparecencias de la comisión. La portavoz de IU, Alba Doblas, le espetó al máximo mandatario andaluz cuando acudió a la Cámara: «Si su coche le avisa con una luz de que falta líquido de frenos, ¿usted sigue hasta darse el tortazo?». Ahora IU, socio de gobierno del PSOE en el bipartito andaluz, ha aflojado su postura. El jueves, el portavoz parlamentario de la coalición de izquierdas, José Antonio Castro, aseguró en una entrevista con EP que veía «difuso» y «complicado» pedir responsabilidades políticas al actual presidente andaluz y a su antecesor en el cargo, Manuel Chaves. El Pleno abordará el dictamen de la comisión el 28 y 29 de noviembre.