Rajoy estudia extender el sistema de Dependencia regional a toda España

VALLADOLID- Las sucesivas estadísticas, y buenas críticas de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, una institución estatal absolutamente neutral, que no ha dudado en señalar esta misma semana que el sistema de Atención a la Dependencia se ha paralizado en el último semestre, han llevado a la cúpula del PP en Madrid, a poner la vista en un sistema, el castellano y leonés, que ofrece pautas diferentes a las del conjunto de modelos del resto de comunidades autónomas.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, destaca, en declaraciones a LA RAZÓN, la valía del sistema regional, a la par que recuerda que son los técnicos quienes lo sitúan como modelo por varias cuestiones: «es riguroso, ha incorporado criterios de gestión, ha contado con las entidades locales y está totalmente consensuado con mayores y discapacitados», sentencia Marcos.

Para la responsable regional de Servicios Sociales, es clave hacer una evaluación rigurosa del sistema que se aplica actualmente en España. Lavar la cara a los métodos de trabajo, que difieren mucho según el territorio en el que se aplican. En este sentido, la consejera denuncia que el despliegue de prestaciones referidas a la atención a los dependientes, «no ha sido patrimonio del PSOE, porque las políticas socialistas no se pueden arrogar, para nada, la atención a los dependientes».

Algo que justifica al referirse a lo que se ha hecho en Castilla y León: «aquí, las prestaciones de servicios sociales ya son derechos de ciudadanía, porque así lo decía nuestro Estatuto de Autonomía y así lo marca nuestra Ley de Servicios Sociales». Y va más allá: «coincido con Mariano Rajoy en que la Ley de Dependencia, tal y como está definida hoy, tiene serios problemas de sostenibilidad». En este contexto, remarca que, de cada cinco euros, quienes ponen cuatro son las comunidades autónomas -con los usuarios, las administraciones locales y la Junta, en el caso de Castilla y León, como pagadores-. «Esto es un problema», concluye la consejera, quien alude a las tensiones de tesorería que atraviesan buena parte de las instituciones de nuestro país para rechazar el mantenimiento de la formulación actual.

Otro modo de evaluar
Asimismo, Milagros Marcos defiende la puesta en marcha de un sistema de evaluación que aproveche los informes de los expertos (como los que elabora la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales), que adopte medidas para garantizar la atención de los dependientes, que sea sostenible y homogéneo -para que no haya 17 modelos diferentes- y asegure la financiación en el tiempo.

Al respecto, recuerda, el Gobierno saliente se comprometió a presentar, durante el 2010, unas conclusiones claras sobre el sistema de Dependencia, en las que se trabajaba desde hacía tres años en la Comisión Delegada de Dependencia. Y no se conocieron. Frente a esto el pasado mes se publicitaba una valoración, en Consejo de Ministros, en la que, a juicio de Milagros Marcos, «no se analizaba el modelo en España, ni se hablaba de posibilidades de futuro, ni de los modelos de sostenibilidad».

El sistema castellano y leonés, el que más porcentaje de servicios ofrece a los dependientes, antes resuelve expedientes y con más personas recibiendo la prestación y en menos tiempo, puede convertirse así en la hoja de ruta del próximo Ejecutivo. Como muestra, el pasado mes Castilla y León fue la comunidad autónoma que más beneficiarios incorporó, más de 1.600 personas.