La juez ve más intrusos que la Junta en los ERE y exige datos «en 48 horas»

Sevilla- Ni transparencia, ni total colaboración, ni mucho menos anticipación a la Justicia. La Junta no ha remitido al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla toda la documentación solicitada y su titular, Mercedes Alaya, se ha cansado: en un auto emitido el martes y al que ha tenido acceso este periódico, da 48 horas para que le envíe todos los expedientes solicitados, le informe sobre los organigramas de las consejerías intervinientes en los ERE desde el año 1999, y le aclare por qué no se asumieron las recomendaciones de la Intervención General que advirtió de que la fórmula elegida para financiar las prejubilaciones prescindía «de forma absoluta del procedimiento administrativo previsto en la Ley 5/1983 de la Hacienda Pública de Andalucía».

Se trata de dos autos emitidos el 11 y el 21 de marzo. Ambos evidencian que la actitud del Ejecutivo de Griñán ha sido la contraria a la que ha predicado hasta la fecha. En el primero denuncia que la documentación recibida es «a todas luces incompleta e insuficiente». Es en éste dónde ya pone en duda la investigación interna que estaba realizando la Consejería de Empleo para detectar a los intrusos en los ERE. La instrucción no se explica «por qué en relación a la empresa Saldauto se señalan a 3 intrusos, cuando en realidad de la documentación recibida y según consta en el anexo de la póliza nº3603 de Apra Leven, salvo que exista otra documentación que demuestre lo contrario, el número de intrusos indiciariamente se elevaría a 8». En Surcolor se señala «a dos falsos trabajadores» cuando «aparece que son 11». La «chapuza» es mayor, porque en otra empresa, Bonpunt, se señala a un trabajador como ajeno a la sociedad cuando estaba dado de alta desde 1 de junio de 1979; o en Hitemasa sólo se señala a una empleada, cuando el atestado policial encontró hasta cinco casos.

l 11 de marzo también se le reclamó al Gobierno andaluz el organigrama de todas las consejerías que intervinieron en la gestión de los ERE –Empleo, Economía y Hacienda, Innovación y Presidencia–, así como el de los entes instrumentales –IFA e IDEA– y la Intervención General. Solicita explicaciones por cantidades libradas por el ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, y que no se corresponden con el número de trabajadores supuestamente beneficiarios. En unos casos, la cifra es mayor –casi 2 millones para 18 empleados de Bonpunt y más de dos para 12 de Springer Arteferro–, y, menor en otros –292.548 para 34 de Cydeplast–.

El juzgado anuncia que formará piezas separadas por cada una de las empresas.

El auto del 21 de marzo es demoledor. Aprecia «falta de colaboración por parte de la Junta a la hora de dar cumplimiento al mandato de este juzgado» y le da «48 horas» para el traslado de la documentación. Entre las solicitudes, le exige que aclare por qué no se hizo caso a los informes de la Intervención General y de las «verdaderas razones que se conozcan para no haberlos emitido cuando ello supone un incumplimiento flagrante del Decreto 9/1999».

Además, apunta que la ley obligaba a emitir informe de actuación al consejero –por entonces Griñán– ante la posibilidad de menoscabo de los fondos públicos».

Pide copia compulsada de las actas del Consejo de Gobierno desde 2001, de todos los consejos de dirección de las consejerías afectadas y los informes de auditoría de los entes a través de los que se han pagado las prejubilaciones. El límite, 48 horas.

Pese a ello, la consejera de Presidencia y portavoz, Mar Moreno, calificó la diligencia de la Junta como «absolutamente incuestionable» y consideró «normal» las peticiones de la jueza. El consejero Recio confirmó vía Twitter que los enviará mañana –por hoy–.

El presidente del PP-A, Javier Arenas, consideró que los autos confirman «una trama» y que la investigación de la Junta sólo persigue «tapar» a Chaves y Griñán.

Por su parte, Diego Valderas, coordinador de IULV-CA, concluyó que la «sombra de sospecha será más amplia» si no se remite toda la información.

1.- Incompleta e insuficiente
La documentación enviada por la Junta no permite al juzgado «deducir las irregularidades».
2.- Más intrusos de los oficiales
En Saldauto se detectan 8 casos y no 3 como dice Empleo. En Surcolor, 11 y no 2. En Hitemasa, 5, y no 1.
3.- El organigrama de las consejerías
Quiere conocer quién ocupaba cada cargo desde 1999 para la atribución de responsabilidades.
4.- Informes de intervención
Una de las claves: ¿por qué no se atendieron y se elevaron a Griñán? ¿Cómo se aplicaron?
5.- Cantidades libradas sin relación
Se comprometen pagos por dos millones para 18 trabajadores y de menos de 300.000 para 34. ¿Por qué?
6.- Actas de consejos de gobierno
Desde el año 2001, quiere saber si habló del asunto en el Consejo de Gobierno y en las consejerías.
7.- Auditorías del ifa y la agencia idea
Cuentas anuales y las «verdaderas razones» de por qué no respetó los criterios de la Intervención.