El 14-N se desinfla: Los funcionarios no quieren huelgas políticas

Madrid- La huelga general convocada para el próximo 14 de noviembre por los sindicatos UGT y CC OO se desinfla por momentos. Como en cualquier paro que pretende paralizar un país, es clave que –al margen de la industria y el transporte– los sindicatos logren paralizar la Educación, la Sanidad y la Administración. Sin embargo, parece que los sindicatos de clase no lograrán arrastrar a estos sectores a la huelga de forma generalizada. Para empezar, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) parece inclinarse por no apoyar la huelga general. En el anterior paro, el sindicato mayoritario en las administraciones públicas y Justicia se desmarcó de la convocatoria alegando que estaban marcadas «por el calendario político».
De confirmarse la negativa de CSI-F, que cuenta con 170.000 afiliados, se desinflarían las pretensiones de los sindicatos de clase de paralizar la Administración pública estatal y la Justicia. Como anunció ayer este sindicato profesional, CSI-F apuesta por la negociación. La central alcanzó ayer un preacuerdo con el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, y otras organizaciones del sector público por el que el Ejecutivo se compromete a abordar las condiciones laborales de los funcionarios.

La primera en desmarcarse fue la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza (Anpe), el segundo sindicato de profesores de la enseñanza pública con más de 50.000 afiliados. Anpe decidió, a finales de la pasada semana, no secundar el paro, en consonancia con su política en anteriores convocatorias. Anpe rechazó sumarse a la huelga al denunciar «la deriva que algunos grupos y organizaciones están adoptando, pretendiendo fines distintos a las legítimas protestas contra los recortes, lo que sólo puede conducir a una peligrosa helenización de la situación española». «Un ejemplo de ello puede ser el intento de aprovechar la huelga general para exigir un referéndum que sólo contribuiría a un mayor descrédito de nuestras instituciones», concluyó el sindicato.

«Huelga política»
Por su parte, la Sanidad, el mayor empleador público de España, no concurrirá tampoco a la huelga general convocada por las centrales mayoritarias. Según adelantó LA RAZÓN, el principal sindicato médico, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), tampoco dejará de trabajar el 14-N, mientras que el Sindicato de Enfermería (Satse) estudia desmarcarse de la huelga general, como en anteriores convocatorias.

Ambos sindicatos, mayoritarios en su ámbito, denunciaron en la anterior convocatoria contra el Gobierno de Rajoy, el pasado 29 de marzo, que no era el momento de paralizar un sector clave y consideraron la convocatoria de UGT y CC OO «una huelga política». El «no» rotundo de la mayoría de trabajadores sanitarios, si finalmente Satse no secunda el 14-N, implica que cerca de medio millón de empleados públicos trabajarán con normalidad esa jornada.

El sindicato de médicos representa a unos 95.000 facultativos que ejercen en la Sanidad pública y el de enfermería a 90.000 trabajadores. A este plante podría sumarse, como ocurrió el 29-M, el del sindicato que representa a los auxiliares de enfermería (SAE). En anteriores convocatorias, todos ellos han responsabilizado a las sindicatos de clase de haber agravado la situación de la Sanidad pública al hacer «seguidismo» a la política del PSOE y de olvidarse de las demandas de los trabajadores sanitarios frente a los sucesivos recortes del anterior Ejecutivo socialista.
Tanto CESM como Satse acusaron en su momento a UGT y CO OO de haber estado «tapando» la situación de crisis, en apoyo del anterior Gobierno del PSOE, y de ser cómplices del «despilfarro» de recursos públicos para ocultar la profundidad de la situación económica.

Por último, la Asociación de Trabajadores Autónomos anunció ayer que tampoco apoyará la huelga.

Méndez pide un referéndum el 25-N
Comisiones Obreras y UGT buscan una huelga «total» el 14-N, y la justifican en todos los frentes. En el laboral, por los recortes del Gobierno, y ayer añadieron «el bloqueo absoluto» de los convenios colectivos en las empresas. Para dar más fuerza al paro, repitieron el mensaje de que el no ir a trabajar debe ir acompañado de no comprar, para dejar en evidencia al Gobierno. Y para completar el cada vez más amplio abanico de reivindicaciones, el líder ugetista, Cándido Méndez, repitió a Rajoy que debe someter su política económica a referéndum. Hasta se atrevió a darle una fecha, el 25 de noviembre, día de las elecciones catalanas.