La UE protegerá la inversión en fibra de las grandes operadoras

Bruselas- La Comisión Europea anunció ayer una nueva política antidiscriminación para evitar que algunos operadores de telecomunicaciones tengan ventajas sobre otros y lograr que los operadores alternativos compitan en calidad y servicio, y al tiempo, potenciar las inversiones que lleven a la introducción de la fibra óptica.

La comisaria de Telecomunicaciones, Neelie Kroes, explicó que presentará un nuevo marco regulatorio «estable» para el sector de las telecomunicaciones a finales de 2012, pero dio algunos detalles de las novedades. Se busca «garantizar que los operadores históricos no gocen de ventajas injustas».

Kroes explicó que su intención es «limitar la intervención regulatoria a lo estrictamente necesario», al menos hasta 2020, de modo que no impondrá más recortes a los precios que operadores como Telefónica cobran a sus rivales por el acceso a sus redes de cobre y renuncia a regular las tarifas de acceso a las nuevas redes de alta velocidad de fibra óptica. Bruselas considera que una bajada de estos precios no induciría a mayores inversiones en conexiones más rápidas, por lo que ante las importantes variaciones de precios entre los estados miembros pedirá a los reguladores nacionales «una mayor consistencia» en su control.

La mejor receta
A juicio de Kroes, esta liberalización es la mejor receta para impulsar el despliegue de redes de fibra óptica en Europa y evitar quedar atrás respecto a competidores como el gigante asiático. De este modo, se cambiará la exigencia a los organismos nacionales de regular los precios «en casi todas las circunstancias», pero para aplicar esta flexibilidad tendrán que garantizar «normas no discriminatorias» para los competidores.

Durante los últimos años, los operadores históricos han solicitado a Bruselas un entorno legislativo que les proporcione más seguridad para desplegar las nuevas infraestructuras de fibra, fundamentales para modernizar y ampliar la velocidad de las conexiones a internet, pero que consideran una inversión arriesgada por su alto coste. Bruselas quiere enviar «una señal a las compañías» para que reconsideren sus inversiones.