Crespo asegura que no ha recibido presiones y califica el SIP de impecable

Alicante- La expectación era mucha y la caja lo sabía. Después de semanas de suposiciones, elucubraciones y cábalas, al fin ayer el presidente de Caja de Ahorros (CAM), Modesto Crespo, su director general, Roberto López, y la directora general adjunta, Mayca Amorós, salieron a la palestra para dar todas las explicaciones acerca del Sistema Institucional de Protección (SIP), conocido como fusión en frío, constituido con Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura.Crespo aseguró que no ha recibido ningún tipo de presión a lo largo de todo este proceso y aclaró que el Banco de España «da indicaciones concretas para que se vayan produciendo determinadas alianzas, no presiona. Continuamente hemos valorado con ellos las distintas posibilidades» y aseguró que en ningún momento se han producido signos de una posible intervención de la caja por parte del órgano regulador.Con respecto al pacto alcanzado, aseguró que se trata de un «acuerdo socio-económico y financiero impecable» y un «salto cualitativo extraordinario con nuevos horizontes que se abren». Aseguró que la operación se ha basado «en una racionalidad estrictamente económica y financiera y en mantener la obra social de la entidad». En cuanto a la representatividad de la CAM en el SIP en proporción a sus activos, Crespo aseguró que «hay muchos matices» y en el caso de Cajastur había que tener en cuenta «la incorporación de CCM» en la misma.El mecanismo de toma de decisiones dentro del grupo será por unanimidad en el caso de temas que hagan referencia a acuerdos establecidos en el SIP, por mayoría reforzada para aspectos sensibles y por mayoría simple para el resto de los asuntos.El director general de la caja señaló que una de las principales razones por las que la entidad ha decidido integrarse en este proyecto han sido los futuros acuerdos de Basilea III, tras los cuales «las normas de liquidez serán mucho más estrictas».Respecto a la constitución jurídica del grupo, el director explicó que se trata de un «calendario complejo» que esperan que se cumpla dentro de cuatro a seis meses, con lo cual el acuerdo se podría cerrar definitivamente antes de finalizar este ejercicio.Explicó que se unificaran áreas en las que se estima que existen ventajas competitivas. «Buscamos integrar áreas para ahorrar costes» aseguró. Por lo que respecta al posible cierre de oficinas, López señaló que se reducirán los solapes que se produzcan.