Asia

Manila

Bajo arresto en un hospital la expresidenta Arroyo

La policía de Filipinas puso hoy bajo arresto en un clínica de Manila a la expresidenta Gloria Macapagal Arroyo, en cumplimiento de la orden de detención emitida por un tribunal de justicia por presunto fraude en las elecciones de 2007. 

Al menos tres agentes entraron al hospital de Saint Luke, en el que está ingresada Arroyo, y ejecutaron la orden judicial emitida después de que la Comisión Electoral acusase formalmente a la exmandataria. De momento, la acusada, de 64 años, queda bajo custodia policial en ese centro hospitalario donde se recupera de una reciente operación de la columna vertebral y de un problema en las vértebras cervicales.


El delito que la Comisión Electoral imputa a Arroyo se condena con hasta 40 años de prisión.
Los abogados de Arroyo han recurrido en los juzgados contra la orden de detención por entender que el procedimiento judicial corresponde al Tribunal Anticorrupción y no el Tribunal Regional de Pasay, el organismo emisor.


La corte de Pasay, en Manila, emitió hoy otras dos órdenes de arresto que la Policía ha entregado a Andal Ampatuan, exgobernador de la provincia de Maguindanao y detenido por su presunta implicación en la matanza de 57 personas en 2009, y Lintang Bedol, supervisor electoral en dicha provincia cuando se produjo el supuesto fraude.


Benjamín Abalos, presidente de la Comisión Electoral durante los hechos, también ha sido encausado, pero por el momento no pesa sobre él ninguna orden de arresto.
José Miguel Arroyo, marido de la exmandataria y también bajo investigación, ha sido exonerado por falta de pruebas.


La expresidenta intentó viajar a Singapur el martes pasado tras obtener el permiso del Supremo, pero el Gobierno impidió su salida al mantener su nombre en la lista gubernamental de personas con riesgo de evasión.


Arroyo, que gobernó Filipinas entre 2001 y 2010 y que tiene pendientes otros seis casos en los tribunales, tenía previsto volver a intentar salir hoy de Filipinas. Hasta el momento, ninguna de las acusaciones de delitos atribuidos a la expresidenta y su esposo han sido probadas en un tribunal de justicia.