Una promesa frena las denuncias

Sevilla- Apra Leven ha sido una de las aseguradoras de cabecera de la Junta en el «EREgate». Intentó personarse como acusación –tras sufrir, a su vez, los impagos de la Junta desde diciembre de 2009–, algo que la juez Alaya rechazó. La magistrada ha solicitado registrar la sede de la entidad belga, en busca de documentación. Existe un foro (http://apraleven.foroactivo.com) donde los afectados tratan de unirse, formar una asociación y comenzar las acciones legales. La media de edad de estas personas ronda los 60 años. Fuentes de la administración de la web señalaron a LA RAZÓN que, a pesar de que el grueso de los damnificados procede de Andalucía, «de momento prefieren esperar y no denunciar, porque los sindicatos les han dicho que la Junta les va a pagar». Lo que recuerda a la máxima de «la Junta ayuda a quien le ayuda» que se escuchó en las grabaciones que dieron origen al «caso Mercasevilla». «No deberían estar tan confiados, cuánto dinero van a recuperar, quién pondrá esa cuantía y quién la parte que le corresponde a la aseguradora», cuestionan. Pero hay más frentes abiertos, «unos 5.000 trabajadores de empresas de todos los sectores de Andalucía», según el comité de empresa de Astilleros, sufren el bloqueo de complementos salariales, entre 1.000 y 1.800 euros por persona, a causa de la investigación. Hitemasa, Intelhorce, Mercasevilla –de cuyo segundo ERE se desentendió la Junta–, Primayor, Surcolor – «Nuestro dinero se lo han llevado otros», denuncian–, Dhul… El soniquete interminable de empresas. El PP ha presentado varias iniciativas parlamentarias para que los auténticos prejubilados cobren. De momento, el impago mantiene sus vidas en números rojos.