Alonso Martínez

La palabra modernización parece estar indisolublemente unida a nuestra Justicia desde los albores de la creación del Estado moderno, allá por el siglo XIX; desde un principio, y con especial énfasis desde el ministro Alonso Martínez, nuestra Justicia está enfrascada en este proceso que parece nunca culminado. Hablar hoy, en pleno siglo XXI, de un proceso para modernizar nuestra Justicia es tan necesario como sonrojante. Este proceso, no sólo pasa por la instauración del expediente digital, esto no es más que un aspecto accesorio, por muy importante que sea; el proceso modernizador pasa por sentar unas bases sólidas de un sistema de Justicia apto para una sociedad moderna, teniendo en cuenta las necesidades de la misma. Ahora bien, este proceso no puede basarse en meros remiendos, en cuantías o en retoques de nuestras leyes procesales; pasa por una profunda revisión de las bases y los principios en los que se asienta nuestro modelo, y esto no se puede hacer con un miniproceso de pocos meses, por muy importantes y necesarios que sean los cambios. Debe basarse en un intento de consenso real, al igual que se hizo en el año 2001, analizando el sistema en su globalidad, y proponiendo una transformación real. Este proceso debe ser de todos, puesto que no sobra nadie, y para ello es necesario implicar a todas las fuerzas políticas, a todos los colectivos profesionales y, en, suma a la sociedad en general, para así proceder a un verdadero cambio. Este replanteamiento no debe nacer contra nada ni contra nadie, debiendo contar con todos los esfuerzos posibles. Pero para ello es necesario generar un amplio consenso, y estar dispuestos a renunciar a las legítimas posturas apriorísticas, para de una vez por todas, colocar a España en la senda de una Justicia de futuro. No me cabe duda de la necesidad de reformas puntuales, pero se debe analizar el coste de llevarlas a cabo sin el consenso de todos los interesados, porque el esfuerzo puede ser muy superior al resultado; reformas parciales pueden resultar muy poco eficaces en el seno de un sistema anticuado y obsoleto. Los tribunales de Primera Instancia son una buena idea, pero el coste de su implantación en el actual sistema, y sin su revisión en conjunto, puede resultar ineficiente. Eliminar recursos procesales es positivo, pero este cambio debe hacerse en un marco de cambios ambiciosos y globales, y no de meros retoques. Debemos plantearnos un sistema de Justicia que además de administrar un poder del Estado, genere en el ciudadano la conciencia de servicio público con un coste que soporta la sociedad en su conjunto, y por ello se debe animar al ciudadano a un uso racional y no abusivo del mismo. El objetivo fundamental de la reforma debe ir dirigido a rebajar nuestras desorbitadas cifras de litigios, y para ello se debe desincentivar el litigio y primar la solución extrajudicial, de tal modo que por ejemplo, un abogado de oficio, perciba la misma cantidad o incluso más, por conseguir un acuerdo que por ir a un pleito. Debemos reconsiderar principios dogmáticos en la organización de nuestra Justicia que hoy la lastran como un barco sin motor, y no cabe duda de que el concepto de partido judicial está obsoleto, tan obsoleto como el centenar de juzgados únicos en un partido judicial. Pero todo ello exige una reforma global y no meros retoques, y para ello hace falta un objetivo común y consensuado y, sobre todo, tiempo. Muchas de las reformas ya están claras y debatidas, están perfectamente identificadas, otras requieren más estudio y sosiego en la decisión, pero también se hace necesario identificar en el actual sistema, aquello que no debe cambiar. En España contamos con muy buenos profesionales, con un excelente sistema de selección de jueces, fiscales, notarios, registradores, etc., no confundamos el tiro. La excelencia de estos profesionales se ve empañada por la ineficiencia de los procesos y procedimientos y por la obsolescencia de la organización. Se debe avanzar más en los tribunales especializados, y en la especialización de jueces y fiscales, tal como hace el mercado con los abogados; pero insisto, todo ello no se puede hacer contra nadie sino contando con todos, y para tal fin es necesaria una base sólida, un Gobierno fuerte que cuente con la sociedad, y no meros precipitados que se viertan en una fórmula ya caduca. Es el momento de tomar decisiones pensando en la sociedad y no en intereses políticos o profesionales, pero para ello hay que identificar unos y otros, y no confundirlos. Hace falta un equipo preparado y con ambición, es necesario un liderazgo en la reforma que encauce el necesario consenso, porque sin ello, será imposible tal cometido. A finales del siglo XIX el ministro Manuel Alonso Martínez hizo de nuestra Justicia uno de los sistemas más avanzados en Europa, y eso es lo que necesitamos ahora, no más experimentos.